Dr. Luis Fernando Cordón Morales
@lfercordon – buzonasprodecogt@gmail.com
La brecha fiscal (falta de ingresos tributarios esperado por el Estado) del primer trimestre de 2017 cerró en Q.679 millones por debajo de la meta fijada (monto en cobro de impuestos que es uno de los principales acuerdos al que se comprometió superar la SAT para este año), según reportó en conferencia de prensa el ente fiscalizador, déficit que manifestaron razonable al atribuírselo a la situación económica actual, extremo contradictorio porque el Impuesto Sobre la Renta mostró cierta mejoría; además, al analizar el comportamiento de cada uno de los tributos, resulta que es el correspondiente al comercio exterior el que presenta más deficiencia, ya que los ingresos por Impuesto al Valor Agregado (IVA) por Importaciones y por Derechos Arancelarios a la Importación (DAI), no son por mucho los deseables y hasta marzo contribuyeron en Q.385 millones al agujero fiscal, lo que evidencia que las aduanas siguen siendo un elemento que no muestra mejoras, especialmente los servicios aduaneros ubicados en los puertos, aunque se sigan intentando justificar con variaciones de tipos de cambio y precio de los combustibles. La realidad es que la situación del sistema aduanero actual revive la idea de si persiste la oferta de experiencia en contrabando aduanero, como se conoció mediante una escucha telefónica reproducida durante el proceso penal denominado “La Línea”, en la que se ofrecieron más de 18 años de conocimiento para esa operación.
Otra realidad es el contrabando en las aduanas fronterizas, donde a inicios de mes la Gremial de Fabricantes de Productos Alimenticios denunció que el comercio de productos de consumo alimenticio introducidos ilícitamente ya abarca el 25% del mercado, siendo para el caso del occidente del país el más extremo, dicha situación afecta directamente a los productores nacionales y a los comerciantes formales, pero principalmente prende las alarmas de la salud por el consumo de alimentos extranjeros sin contar con el control estatal.
Las principales ofertas para introducción al país de mercancías, incluso prohibidas o limitadas, evadiendo la intervención de las autoridades aduaneras van desde el uso de lugares no habilitados, sustracción de los recintos aduaneros y ocultación; por lo que para estos casos la Administración Tributaria debe tener control de todas las áreas que constituyan la zona primaria aduanera y así pueda cumplir con su función legal de administrar todo el sistema aduanero. Para la oferta relacionada con traslados de mercancías sin arribar a los lugares autorizados (nacionales o internacionales), el ente fiscal debe de mejorar su control sobre los auxiliares de la función pública aduanera, revisar los procedimientos actuales y optimizar su sistema informático.
Por lo anterior, resulta de estricta urgencia que la SAT cumpla con realizar sus funciones específicas de ejercer la rectoría de la política de combate al contrabando, solicitando la colaboración de las entidades del Estado correspondientes; además, denuncie, incaute y consigne las mercancías de procedencia no demostrada. Lo indicado, debe realizarse sin entorpecer el comercio exterior, respetando los derechos fundamentales claramente garantizados en la Constitución Política de la República, y conforme los convenios y tratados internacionales ratificados por Guatemala.
