Por FRANK BAJAK
HOUSTON
agencia/AP
Nunca antes se había impedido el ingreso de tanta madera a Estados Unidos por la evidencia de que había sido talada ilegalmente.
Alertados por las autoridades peruanas, agentes aduaneros de Houston frenaron el ingreso de 1 mil 770 toneladas métricas de madera de la selva amazónica, una cantidad suficiente como para llenar tres canchas de fútbol, que había llegado en un buque de carga. El episodio de octubre del 2015 constituyó una poco frecuente victoria en la lucha por preservar las selvas tropicales y asestó un duro golpe al comercio ilegal de la madera en Perú, donde según el Banco Mundial el 80% de la madera que se exporta es ilegal.
El triunfo, no obstante, fue efímero.
El director del servicio de investigaciones forestales, que fue el artífice de esta operación, fue despedido al poco tiempo —el mismo día en que lo visitó el embajador estadounidense para alentarlo a que continuase por el mismo camino— y recibió amenazas de muerte que lograron que se fuera del país y emigrase a Estados Unidos.
El mismo gobierno peruano conspiró contra los esfuerzos de Washington por limpiar una industria maderera local notoriamente corrupta, según se comprobó en una investigación de la Associated Press, mientras las autoridades nacionales no cumplieron con sus obligaciones sobre medio ambiente fijadas en el Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos en 2006.
Estados Unidos tiene pocos resultados que mostrar tras invertir 90 millones de dólares en ayuda relacionada a la protección de la selva en el Perú, que posee la segunda extensión más grande de tierras amazónicas, superada solo por la de Brasil, y que pierde unos 1 mil 550 kilómetros cuadrados (600 millas cuadradas) de bosque por año.
A Estados Unidos se le hizo creer que el gobierno peruano hablaba en serio cuando se comprometió a combatir la tala ilegal de árboles, de acuerdo con Rocky Piaggione, fiscal a cargo de delitos contra el medio ambiente que visitó Perú con frecuencia antes de retirarse el año pasado.
«Esperaban que llevasen a mucha gente a juicio, pero no pasó nada», expresó, y solo comprendieron la magnitud del engaño con el despido del director del servicio de inspecciones forestales. Según Piaggione, el gobierno peruano había asegurado a la embajada que el funcionario estaba seguro en el puesto.
Desde entonces, las inspecciones para detectar la tala ilegal mermaron. Los fiscales apenas han impulsado casos judiciales contra los responsables y los funcionarios regionales que por años han firmado documentos falsos permitiendo la tala ilegal siguen en sus puestos.
ATENTADO Y EXILIO
La tala ilegal es el más rentable delito ambiental, según la ONU, que causa por lo menos 50 mil millones de dólares en daños económicos al año. Es un delito corporativo mezclado con el lavado de dinero y el fraude tributario que se ha vuelto tan sofisticado, según Interpol, que las fuerzas policiales de los países en desarrollo están agobiadas.
El Congreso estadounidense trató de asegurarse en el 2008 de que la selva no sería destruida para que haya madera en los hogares de Estados Unidos y declaró al tráfico de madera obtenida ilegalmente —sea en su territorio o en el exterior— un delito castigable con hasta cinco años de prisión.
El principal afectado por la enmienda de la ley ambiental más antigua del país, Lumber Liquidators Inc., se declaró en el 2015 culpable de importar a sabiendas madera talada ilegalmente de Rusia, donde los tigres siberianos están en peligro. La empresa pagó 13 millones de dólares en multas y restitución.
El cargamento de 1.5 millones de dólares detenido en Houston contenía variedades usadas generalmente para contrachapado, molduras y pisos. Posteriormente, se interceptó otro cargamento en México del mismo carguero, el Yacu Kallpa, con lo que se clausuró la única ruta para exportar madera del río Amazonas.
El superintendente de aduanas y de administración tributaria del Perú sostuvo que los perjuicios causados por el comercio ilegal de madera era apenas «la punta del iceberg».
«Se golpeó a Iquitos, pero Iquitos no es la principal zona maderera», expresó Gustavo Romero. «El grueso de la operación es Pucallpa, que es la zona que concentra a los aserradores, y las exportaciones más grandes salen por El Callao».
«Se puede decir que se ha dado un primer paso. O sea, todavía falta develar una buena parte del problema», agregó.
México sigue siendo parte del problema.
El cargamento detenido allí, en el puerto de Tampico, Tamaulipas, en febrero de 2016, fue liberado por autoridades mexicanas siete meses después sin ningún anuncio público, según documentos vistos por la AP y un capitán de puerto.
Un mes después de la confiscación de Houston, a fiscales peruanos se les impidió descargar cientos de toneladas de madera del Yacu Kallpa, en Iquitos, puerto sobre el río Amazonas.
Una semana después, se colocó una bomba incendiaria en la puerta de los inspectores forestales de Pucallpa. Ocho agentes de la policía resultaron lesionados al tratar de desarmar barricadas. En Iquitos, manifestantes le prendieron fuego a un ataúd con un cartel que llevaba el nombre del director de inspecciones forestales, Rolando Navarro. No lo querían allí.
Y el 14 de enero del 2016 el presidente de entonces Ollanta Humala lo despidió con un anuncio en la gaceta oficial. El ministro de agricultura dijo que se necesitaba una cara nueva.
Horas antes de ser despedido, Navarro recibió la visita del embajador estadounidense Brian Nichols, con quien habló sobre sus planes para intensificar la batalla contra la tala ilegal.
«Indicó que estaba muy satisfecho, muy impresionado por el trabajo que veníamos realizando», afirmó Navarro. «Porque se estaba enfrentando a toda una red de crimen organizado».
Nichols desistió de ser entrevistado para este despacho. Pero otra persona que participó en el encuentro, que habló a condición de no ser identificada por temor a represalias, confirmó la versión de Navarro.
Una semana después de ser despedido, Navarro se fue a Washington.
Posteriormente, cuando la esposa de Navarro paró en un semáforo de Lima, se le acercó un hombre armado que le dijo «tus hijos van a pagar pato por la madera», según la policía.
