Javier Monterroso
La crisis penitenciaria está a punto de estallarnos nuevamente con consecuencias imprevisibles, según datos del Sistema Penitenciario tenemos más de 21 mil personas privadas de libertad, lo que sobrepasa por mucho la capacidad de las cárceles del país, de estas el 48% se encuentran en prisión preventiva.
Que casi la mitad de las personas privadas de libertad no se encuentren cumpliendo condena sino en prisión preventiva refleja el lamentable estado del Sistema de Justicia Penal, cuando se adoptó el sistema acusatorio en 1994 una de las principales promesas fueron los juicios rápidos, que a su vez disminuirían el número de presos sin condena que ya para esa época era alarmante, sin embargo más de 15 años han pasado y no se han dado mejoras sustantivas en ese tema, un ejemplo es el Caso “La Línea” que lleva dos años y faltan varios más.
El problema de la prisión preventiva es multicausal: reformas penales populistas que prohíben las medidas sustitutivas para un gran número de delitos o que la extienden sin ningún límite, jueces que privilegian la prisión preventiva para quedar bien con la población, medios de comunicación que venden las medidas sustitutivas como impunidad, activistas de las redes sociales sin ninguna formación jurídica, pero que opinan que una persona sindicada debe ser tratada como una condenada, se conjugan para que la prisión preventiva se convierta en una pena anticipada.
Conozco casos de personas que fueron absueltas en sentencia firme, pero que estuvieron en prisión preventiva por meses y hasta años ¿Quién les devolverá ese tiempo que estuvieron tras las rejas siendo inocentes?, son las víctimas de un sistema que convirtió una medida que sirve para garantizar la presencia del imputado en el juicio en un castigo y en una engañosa medida de efectividad de la persecución penal, no se mide por las condenas obtenidas sino por las capturas.
¿Cuáles son las alternativas? En primer lugar reformas legales para quitar la prohibición de aplicar medidas sustitutivas en varios delitos, en segundo lugar restringir el plazo de la prisión preventiva de acuerdo con estándares internacionales de derechos humanos, además formar nuevamente a los jueces penales que al parecer se han olvidado de las garantías procesales, e implementar los sistemas telemáticos de control de privados, personas sujetas a proceso penal, en este punto es importante señalar lo discriminatorio del actual sistema que cuesta 25 dólares diarios, impagables para la mayoría de reos.
Finalmente, pero lo primero y más importante, disminuir la duración de los procesos penales, esto debería hacerse antes que todo lo demás, pues solo de esta forma garantizaríamos que los implicados en los casos de corrupción no se vieran beneficiados con las medidas anteriormente enumeradas y que fueran juzgados lo más pronto posible, como hacerlo será objeto de otra columna.
