Ayer el Gobierno anunció que ha declarado el Estado de Calamidad Pública por 30 días para atender los incendios forestales que están afectando varias zonas del interior del país.
Lamentablemente, como ha sido tradición en Guatemala, este tipo de declaratorias ha dado lugar a que, al levantarse la obligatoriedad para el cumplimiento de la Ley de Compras y Contrataciones, se realicen negocios sin justificación y obviando el más mínimo cumplimiento de reglas de transparencia y control de gasto.
El Gobierno ha pedido que no se especule sobre este tipo de acciones, pero tenemos que recordar que ha sido el mismo Gobierno, con sus políticas de poca apertura con cualquier sistema de fiscalización social, el que ha generado los grandes temores de la sociedad en esta materia.
A ello, se debe de sumar una declaración del mismo Presidente en que afirmó que cumplir con los procedimientos que la ley estipula hacía demasiado complicado poder ejecutar el gasto tal y como ellos querían.
La verdad es que por más que se ofrezca un grupo de observadores que acompañen cada proceso de compra, las dudas están sembradas dentro de la población que no ha notado una determinada actitud del Gobierno de distanciarse de las prácticas corruptas. Es más, genera mucha suspicacia la oposición de los miembros más cercanos al mismo Presidente a todos aquellos actores que han participado en impulsar el Estado de Derecho y la lucha contra la corrupción e impunidad en Guatemala.
Por supuesto que los incendios forestales se tienen que combatir y ser eficientes en dicho trabajo, pero pareciera que cada administración ejecutiva durante los últimos gobiernos ha esperado con ansias la oportunidad de poder romper los candados para el gasto.
En la Ley de Orden Público dice claramente que en el Estado de Calamidad el “Presidente podrá…” y menciona las posibilidades del uso que dicha declaratoria otorga al mandatario.
Para nadie es secreto que Guatemala no está para empezar una carrera de gasto en instancias que nada tiene que ver con controlar los incendios, sino que solo usarían esta oportunidad para comprar, contratar y adjudicar. Otra cosa es que será menos productivo para el país que se abra la puerta a actuar contra cualquier derecho de manifestación, asociación, etc.
La verdad es que si el Presidente tuviera un equipo más profesional, presentaría un plan con costos y tiempos para el manejo de los incendios para que puedan ser absolutamente auditados socialmente. Es lamentable que se pida un voto de confianza cuando es evidente que solo están rompiendo los candados sin saber en qué ni cómo irán a gastar.
