POR JOSÉ DEL ÁGUILA*
jaguila@lahora.com.gt
Alrededor del mundo el Caso “Odebrecht” ha llevado al banquillo de los acusados a decenas de políticos, exfuncionarios y expresidentes. Cada día nuevas revelaciones surgen a partir de las declaraciones de antiguos ejecutivos de la Constructora Norberto Odebrecht, S.A., quienes han detallado cada uno de los sobornos que pagaron a cambio de las adjudicaciones para obras de infraestructura. ¿Cómo votaron los diputados el 10 de noviembre del 2012 y en qué etapa se encuentra el caso en Guatemala?
La magnitud que pueden llegar a tener las investigaciones del Caso Odebrecht quedó en evidencia el pasado 21 de diciembre, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos (EE.UU.) reveló que altos funcionarios de la constructora reconocieron haber pagado alrededor de US$788 millones en sobornos a altos funcionarios de 12 países de Latinoamérica, a cambio de que se les adjudicaran obras de infraestructura.
El caso ha colocado en entredicho la honorabilidad de políticos y altos funcionarios de: Colombia, Perú, República Dominicana, Panamá, Ecuador, Argentina, México, Antigua y Barbuda, Chile, El Salvador, Mozambique y Portugal.
En Guatemala está bajo investigación la adjudicación de un contrato por US$399 millones, equivalentes a Q2 mil 992.5 millones, a Odebrecht, para la construcción del proyecto denominado “Rehabilitación de la Ruta Existente y Ampliación a Cuatro Carriles de la Ruta CA-2 Occidente”.
De acuerdo con las declaraciones de los ejecutivos de la constructora, entre 2013 y 2015, Odebrecht realizó pagos corruptos por aproximadamente US$18 millones a autoridades de Gobierno en Guatemala para obtener contratos de obras públicas. Los beneficios obtenidos por la empresa, a cambio de dichas coimas, fueron de aproximadamente US$34 millones.
Hasta la fecha se desconoce qué funcionarios recibieron los pagos corruptos, pero las investigaciones van tras la ruta el contrato firmado en 2012.
¿CÓMO VOTARON LOS DIPUTADOS?
La votación en el Congreso referente al contrato de Odebrecht se llevó a el 10 de noviembre del 2012 y la misma se dio en un único debate. La iniciativa era la número 4583 de la Dirección Legislativa.
Registros del Congreso detallan que en horas de la tarde, específicamente a las 15 horas con 19 minutos, 111 diputados dieron su visto bueno a la referida iniciativa (vea el listado).
De los 158 parlamentarios, los registros del Congreso también detallan que 23 diputados votaron en contra, 8 tenían licencia y 16 estuvieron ausentes al momento de la votación.
Para la redacción final, a las 15 horas con 48 minutos se registran 108 votos a favor, 26 en contra, 7 con licencia y 17 en contra.
Vea los listados.
LAS ETAPAS DEL CONTRATO
Con el objetivo de financiar la ampliación de la Ruta CA-2 se aprobó un préstamo de US$119 millones 400 mil con el Banco Centroamericano de Integración Económica y se abrió un crédito con el Banco Nacional de desenvolvimiento Económico y Social de Brasil por US$280 millones.
El proyecto fue propuesto por el Organismo Ejecutivo, a través del Ministerio de Comunicaciones, y recibió el dictamen favorable de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso, que para entonces era presidida por el diputado del Partido Patriota, Iván Arévalo.
Los financiamientos fueron aprobados de urgencia nacional mediante el decreto 29-2012, con un total de 111 votos, de los cuales al menos 54 votos pertenecían a diputados del Partido Patriota (PP), cuyos máximos dirigentes: Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti Elías, están siendo procesados por varios casos de corrupción.
Además, tuvo el apoyo de los partidos: TODOS, con 12 votos; Compromiso Renovación y Orden (CREO), 9; Unión Nacional de la Esperanza (UNE), 7; Unión del Cambio Nacional (UCN), 7; Gran Alianza Nacional (GANA), 5; Independientes, 4; Partido de Avanzada Nacional (PAN), 2; Unionistas, 2; Visión con Valores (ViVa), 2; Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), 1; Frente Republicano Guatemalteco, 1; Winaq, 1; Victoria, 1.
La moción privilegiada para la aprobación del financiamiento tuvo como ponentes a Gudy Rivera y Christian Boussinot.
Según registró el matutino Prensa Libre, durante la sesión del 10 de noviembre de 2012, los diputados de Libertad Democrática Renovada (Lider) protestaron debido a que los puntos de agenda que fueron votados, entre los que se encontraba el endeudamiento para el contrato con Odebrecht, supuestamente se acordaron en una reunión en la antigua casa de campaña del Partido Patriota, con la intervención de Pérez Molina, Baldetti y con congresistas de varias bancadas.
Tras la firma del contrato, la ejecución comenzó a mostrar anomalías: a partir de una auditoría de la Contraloría General de Cuentas (CGC), se determinó que el Estado de Guatemala desembolsó un 53 por ciento del costo total que tendría el proyecto (que ascendía a Q3 millardos), pese a que el avance físico no era mayor al 50 por ciento.
Por esta razón, la CGC presentó una denuncia en contra del entonces ministro de Comunicaciones, Jesús Insúa, y esa cartera, por su lado, denunció al menos a cuatro exfuncionarios que habrían participado en el contrato que se firmó con la empresa brasileña.
EL ESTADO DE LAS INVESTIGACIONES
Fuentes cercanas al Ministerio Público aseguran que las investigaciones podrían revelarse de un momento a otro. En Brasil, que es donde se origina el caso, las pesquisas están bastante avanzadas y un convenio que existe entre la Fiscalía del país sudamericano y el Ministerio Público (MP) guatemalteco facilita las indagaciones en el país.
La magnitud del caso hizo necesario que el pasado 16 de febrero el Procurador General de Brasil, Rodrigo Janot, liderara una “cumbre de fiscales” a la cual asistieron representantes de fiscalías de 15 países de América Latina.
A la reunión no asistieron representantes del MP. La Fiscal General, Thelma Aldana, manifestó que no era necesaria la comparecencia debido a que el ente investigador ya tiene firmado un convenio de cooperación con la Fiscalía brasileña.
Dicho convenio entre ambas fiscalías establece el intercambio de información y opiniones sobre el avance de procesos penales que involucran al crimen organizado.
Asimismo, se promueve el intercambio de procesos de investigación penal relacionados al “combate de la delincuencia transnacional organizada y datos de inteligencia”.
Mayra Véliz, secretaria general del MP, explicó que este acuerdo se firmó en 2014, tiene una vigencia de cinco años y se suscribió con el fin de “tener una comunicación más ágil con la Fiscalía brasileña”.
La Fiscal General adelantó en una conferencia de prensa el año pasado que las indagaciones preliminares apuntan a que se trata de un caso de la magnitud de Cooptación del Estado, por el que son procesadas 46 personas, entre exfuncionarios y particulares.
La duda, que ha de dilucidarse en los próximos meses, es qué tan contundentes serán los medios de prueba recabados por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) para lograr vincular a la clase política del país y llevarla a los tribunales de justicia.
Juan Francisco Sandoval, jefe de la FECI, no reveló mayores detalles acerca de la investigación en virtud de que ésta se encuentra bajo reserva.
*Con información de Joseline Ayala
