Pareciera que en Guatemala nos queremos convencer que quienes cometen ilícitos son solo parte de la “normalidad” de un sistema que es violento, excluyente e impune con tal de proteger a los corruptos. Nadie debe dudar que la ineficiencia del Estado se hizo para proteger los intereses de los que han saqueado al Estado.
Ahora que conmemoramos el segundo aniversario del destape de un caso que conmocionó al país, debemos pensar también en cómo ha sido la reacción de la ciudadanía en el esfuerzo de transformación del país.
Se generó una condena enérgica contra los políticos y con los procesos contra la gente del Partido Patriota ha vuelto a haber polémica por los pedidos para que se castigue a los de otros gobiernos, como el de la UNE, por ejemplo, tan responsable de estar metida en negocios “cooptados”.
El caso más grande de pago de mordidas, TCQ, ha sido protegido, impulsado y olvidado por todos con tal que los dólares empiecen a llegar a los propietarios. Aquello de “los intereses del Estado” y la garantía de sus bienes, se lo pasaron por el arco del triunfo la Procuradora General de la Nación, Anabella Morfín, y el interventor Alexander Aizenstatd, que antes de ser interventor era generador de opinión en los medios del prófugo Erick Archila.
Y resulta que la misma sociedad se expresa contra la “desaceleración” económica que, según afirman, vino como resultado de la lucha contra la corrupción. La verdad es que Guatemala se ha detenido porque todo el sistema es corrupto y estamos acostumbrados a operar en medio de la podredumbre y nos da miedo hacer cualquier cosa cuando existe posibilidad de que surjan responsabilidades penales.
Es absolutamente necesario que la sociedad entienda que tenemos un gran reto al frente y que depende de nuestra reacción y actitud el que se logren hacer los cambios que el país necesita o sucumbir ante los esfuerzos de los poderes reales de conservar el control absoluto.
En un país que se ha caracterizado por ser profundamente reprimido y polarizado, es incomprensible que no haya pasión que se oriente con determinación y energía en contra de las malas prácticas. Sería la forma de romper ataduras.
Ni el Congreso, la Corte Suprema de Justicia o el Ejecutivo han sido capaces de demostrarle a la ciudadanía que entienden las necesidades que como Estado tenemos que enfrentar. Eso nos hace que seamos otros los que tengamos que recordar y remachar la necesidad para el futuro de no dar un paso hacia atrás para caer en la aceptación de la corrupción.
