Francisco Cáceres Barrios
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La población guatemalteca va a seguir siendo objeto del abuso y cinismo de nuestros políticos mientras no podamos ejercer el sobrado derecho de revocar el mandato que se le confiere a un funcionario, diputado o juez, quienes después de la toma de posesión tranquilamente se dejan caer en la poltrona del cargo, sin que algún día el pueblo pueda exigirles su retiro por el incumplimiento de sus deberes. Ojalá alguien pusiera en tela de deuda mi afirmación de que lo que juran sobre la Constitución se lo pasan por el arco del triunfo, quedándonos todos con cara de asombro, sin reconocer que por nuestra propia culpa seguimos una y otra vez cayendo de inocentes o pendejos.
¿Qué podrán decir sobre que la magistrada Blanca Stalling siga impávida burlándose de la justicia, increpando a los jueces y percibiendo su salario mientras guarda prisión en una cárcel o tranquilamente en su casa? Y ¿qué opinión les merecerá que los diputados disfruten de 268 asesores, lo que le cuesta al ciudadano para pagar sus sueldos más de 61 millones de quetzales anuales, mientras la gran mayoría de ellos se distinguen por su incapacidad, falta de idoneidad y deshonestidad en cada uno de sus actos? Por lo antes dicho y tantas cosas más, mientras vea a muchos empeñados en modificar la Constitución, sin que se contemple el poder revocar el mandato a quienes incumplan con sus deberes, condición que otras más avanzadas que la nuestra ya lo incluyen.
Piénselo bien estimado lector, de sobra llegó la hora de combatir a quienes como lagartos son mantenidos por los fondos públicos, los que debieran ser útiles para otros fines. Por ello, me seguiré oponiendo a las pantomimas de querer hacer un cambio de sistema, con arreglos cosméticos que lo que menos buscan es el uso racional de nuestros recursos ¿o usted va a seguir conforme con que cada diputado “tenga derecho” al disfrute de un ujier, una secretaria y un asesor sin que su propia selección se haya hecho exclusivamente basada en su idoneidad, capacidad y honradez?
Yo me opongo y lo seguiré haciendo, mientras el dinero de nuestros impuestos no sea mejor empleado en atender tantas carencias y necesidades de nuestra administración pública; como que tampoco se paguen sueldos a los empleados, jueces o magistrados del Organismo Judicial que no trabajen y mucho menos a quienes presten sus servicios en el Ejecutivo. El colmo es que con motivo de la Semana Santa muchos hayan suspendido sus labores cotidianas porque hacía mucho calor o por ser la época veraniega del descanso, solaz y esparcimiento. ¡Ve qué de al pelo!
