Edgar Villanueva
¿Cuantas veces nos ha sucedido que para hacer un trámite es necesario un sinfín de fotocopias legalizadas, fianzas, mandatos, certificaciones o recibos de agua, luz o teléfono? Todas las anteriores son solicitudes comunes en los trámites que tenemos que hacer los guatemaltecos y son supuestamente encaminados a darle a cada trámite la mayor «seguridad posible».
Si me identifico con DPI, copia legalizada para que conste que mi DPI es auténtico; una fianza por si no cumplo con el contrato y una declaración jurada firmada por un abogado que hace constar que no estoy dentro los supuestos de alguna ley; y no basta con el carné que me acredita como profesional, también debo presentar una certificación de su colegio profesional, por si las moscas. El funcionario solicitante usualmente no sabe la razón de ser de los requisitos, todos responden que son «políticas de la empresa» o «requerimientos legales» de la sexagésima sexta modificación a alguna ley que pocos conocen.
Y cada vez que leo un sinfín de requerimientos (he llegado a tener que completar 12 documentos para un trámite) me pregunto: ¿Por qué en Guatemala para cambiar un cheque me exigen un documento de identificación, mientras que en Estados Unidos puedo tomarle una foto, enviarlo por internet y queda depositado automáticamente? ¿Por qué en Guatemala necesito una declaración jurada firmada y sellada por un notario para proveer servicios al Estado y en algunos países de Europa únicamente necesito mi firma estampada en el contrato? ¿Por qué un banco en Guatemala no me acepta un depósito de más de dos mil dólares en efectivo?
Pienso que, en buena medida, todos los requerimientos nacieron de nuestro débil sistema de justicia y la corrupción que nos acecha. Son pequeños «seguros» creados para supuestamente reducir el riesgo que se corre cuando alguien «se pasa de listo». Considero que los requisitos, además de ser hijos de la corrupción y el crimen, son formas de evitar ir al sistema de justicia pues el costo de ir a un juzgado y que éste resuelva una ilegalidad es muy alto en Guatemala.
El problema está en que todos estos requisitos nos detienen, nos comen el tiempo y nos entorpecen la vida y los negocios, tanto grandes como pequeños. El costo que generan los mismos castiga igual a un ciudadano que tiene que pedir permiso en el trabajo para ir de institución en institución recolectando los requisitos para algún tramite personal, que para alguna empresa nueva que desea invertir en Guatemala y se ve sometida a procesos interminables operar (y proveer trabajos que antes no existían!!). La tramitología mata a ambos.
Es hora de cambiar la forma que hacemos varias cosas y en lugar de entorpecerle la vida a todos en aras de la «seguridad tramitológica», facilitarle la vida a los buenos y hacérsela difícil únicamente a los malos. Para lograrlo, uno de los elementos principales es darnos cuenta que el funcionamiento del sistema de justicia es el hilo conductor del bienestar.
