Juan Francisco Reyes López
jfrlguate@yahoo.com
Un segundo gran problema del país es la concentración de la inversión en el departamento de Guatemala, la macrocefalia que existe en ese sentido es un factor de inmigración interna y de inmigración internacional.
Si se analiza de dónde se originan los casi tres millones de guatemaltecos que viven y trabajan honradamente en el extranjero, encontraremos que la mayoría de estas personas inmigran de los departamentos.
En la Constitución de la República originalmente se estableció que el 7% de los ingresos del Estado se le entregarían a las municipalidades del país, buscando una redistribución de los impuestos. En la reforma constitucional que se hiciera a raíz de la caída de Jorge Serrano, fui uno de los diputados ponentes para incrementar del 7% al 10% esa asignación de impuestos a las municipalidades, sin embargo, esa transferencia de recursos no es para que los alcaldes, los concejos municipales y las corporaciones crezcan en salarios y en burocracia. La norma constitucional claramente establece que esos recursos deben ser invertidos a nivel municipal en educación, salud e infraestructura; es decir, en agua potable, alcantarillado, y demás aspectos de desarrollo social.
Durante el gobierno del periodo 2000-2004 que presidió y encabezó el Frente Republicano Guatemalteco (FRG), en mi calidad de vicepresidente se me designó por el presidente Alfonso Portillo, conjuntamente con el licenciado Eduardo Weymann, para discutir e implementar el Pacto Fiscal proveniente de los Acuerdos de Paz, en el que el principal aumento de impuestos que acordó la guerrilla, CACIF y el gobierno de Álvaro Arzú fue incrementar el IVA del 10% al 12%.
Nuestro gobierno, sin que existiera mandato al respecto, dividió ese aumento del IVA asignando como “IVA PAZ” en 1%, es decir el 50% del aumento del IVA, a las municipalidades del país, duplicando el ingreso que todas las comunas reciben de la recaudación de impuestos del gobierno central, sin que las municipalidades tengan que hacer mayor cosa al respecto.
Quedó establecido que el objetivo de dichas transferencias era invertirlas en salud, educación, infraestructura, seguridad y nutrición.
¿Pero acaso la Contraloría General de Cuentas, el Congreso de la República o alguna entidad fiscalizadora del Estado ha comprobado que eso sea una realidad? Tristemente no. Las alcaldías, en un buen número, tienden a invertir en elefantes blancos, enormes mercados que permanecen subutilizados y desocupados, obras de poca trascendencia social y que muchas veces no son terminadas.
La carga tributaria del país es baja y, más negativo aun, la mayoría de los impuestos son impuestos indirectos que proporcionalmente pagan los más pobres, la clase media; el resto son impuestos que correctamente deben pagar quienes perciben la mayor riqueza del país.
Si el gobierno con todo derecho y toda razón velara por que el IVA PAZ en su totalidad se invirtiera en la creación de educación técnica, en salud preventiva, en introducción de agua potable y de manejo de aguas negras en todos los municipios del país, el cambio social y económico seria radical. Además debería establecer un requerimiento expreso para que la municipalidad que no cumpliera con esos fines de descentralización se les suspendiera el IVA PAZ.
¡Guatemala es primero!
Continuará…
