POR KIMBERLY LÓPEZ
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Analistas y diputados consideran que existe el riesgo de que sindicados en el Caso de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) utilicen a su favor el inicio de operaciones de esa estructura en Puerto Quetzal, esto como resultado de una mala decisión de parte de las autoridades del Ejecutivo.
Gustavo Martínez, exsecretario general de la Presidencia durante el gobierno del Partido Patriota y ahora uno de los señalados por el caso de usufructo oneroso de TCQ, argumentó luego de presentar su declaración que existe un doble discurso de parte del Gobierno. Según dijo, por un lado existe un proceso contra los involucrados en el contrato de TCQ, sin embargo, la estructura está en operaciones.
CORRESPONDÍA «INICIAR DE CERO»
Según la diputada Nineth Montenegro, el caso de TCQ resulta complejo en la medida en que se ha manejado de forma dividida, poniendo de un lado los temas jurídicos y por otro los administrativos. Consecuencia de esto es que se den este tipo de argumentos.
«Hay un descarado acto de corrupción que lleva en cadena a muchas personas, lo que correspondía era anular todos los procesos e iniciar de cero; por ahora lo hecho, hecho está, pero el contrato debería pasar por una licitación para buscar un mejor oferente», indicó Montenegro.
La diputada criticó la decisión del Ejecutivo de optar por el inicio de operaciones de la estructura.
«Somos un país de doble moral y en aras del desarrollo no importan las anomalías que hayan ocurrido y lo lamento porque hay otras cosas que se pudieron haber hecho: alianzas público privadas o licitación internacional», dijo.
Asimismo, mencionó la opción de pedir una indemnización para el Estado.
EL EJECUTIVO «SE EQUIVOCÓ»
Por su parte, el diputado Amílcar Pop comentó que la corrupción y el soborno irremediablemente deben solucionarse en los juzgados, independientemente del curso que han optado por tomar las autoridades sobre el Caso de TCQ.
No obstante, señaló que hubo errores al decidir sobre el caso que ahora se hacen evidentes.
«El contrato viciado no debió contar, creo que se equivocó el Ejecutivo y creo que esa no es la ruta», criticó Pop.
Según dijo, una ruta correcta y transparente de parte de las autoridades debió haber sido la convocatoria a una nueva licitación; sin embargo, esto no se hizo, lo que califica como «un grave error».
Pop explicó que el caso debe ser entendido desde dos puntos distintos: la ruta del contrato y, por aparte, la de corrupción penal que debe dilucidarse.
El diputado enfatizó en que el tema de que el contrato sigue vigente es un error de las autoridades a nivel administrativo, pero destacó que este suceso no debe usarse como argumento de los ahora señalados de corrupción pues «son procesos distintos».
QUISIERON SACAR PROVECHO DE LA CORRUPCIÓN
Finalmente, el analista y politólogo independiente Renzo Rosal se refirió a este como un «macrocaso» que tiene diversas expresiones: por un lado actividades delincuenciales pero por otro lado también un mal manejo de contratos.
Sin embargo, Rosal reconoce que esta situación se genera a partir de decisiones apresuradas tomadas por el Ejecutivo.
«Por querer beneficiarse de la complejidad del caso hay actores que quieren sacar algún tipo de beneficio; está claro que hubo decisiones del Ejecutivo orientadas a aprovechar la Terminal para sacar provecho de la corrupción y en el camino se fueron detectando ilegalidades en otros usufructos», explicó.
