POR CLAUDIA PALACIOS
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El Comisionado de la CICIG, Iván Velázquez, dijo que la entidad recibió una denuncia del representante de una empresa quien dijo estar siendo objeto de ofrecimientos de parte de una persona desconocida para que el fallo dictado contra la empresa en primera instancia sufriera una reducción sustancial en la segunda instancia -apelación -, para lo cual se le exigía la entrega de Q10 millones de quetzales. La empresa enfrentaba proceso por adeudar Q93 millones.
La denuncia fue trasladada al MP para que se hicieran las investigaciones del caso, para lo cual fue intervenido el teléfono de los particulares y se confirmó la participación del magistrado Erick Santiago de León, contra quien se solicitó antejuicio. Los otros dos involucrados son Samuel Alvarado Díaz, un abogado y Eliot Imeri Díaz, un particular que actuaría como intermediario en las negociaciones.
Según las investigaciones, Imeri Díaz habría contactado al empresario y le habría asegurado que como garantía podría pagar la suma requerida hasta emitida la sentencia. Como prueba le mostró a la víctima una copia del expediente.
De acuerdo a las declaraciones de Velásquez, “Ese intermediario tenía una real influencia en el magistrado con el que decía se podía obtener esa sentencia favorable… se comparte información del expediente, acepta el magistrado emitir la sentencia pactada, se habla al respecto de la negociación, el magistrado tiene pleno conocimiento de los contactos, los arreglos, las comunicaciones que ha venido sosteniendo este intermediario con la víctima”, dijo el comisionado.
Todo esto se logró investigar gracias al análisis de documentos y a las interceptaciones a los teléfonos de los particulares, ya que por el derecho de antejuicio no se podía intervenir el teléfono del funcionario.
Las autoridades explicaron que las capturas fueron aceleradas debido a que uno de los capturados estaba por salir del país. La captura del Magistrado, quien fue el único elemento de la Sala reelecto por el Congreso de la República, no será posible hasta que se resuelva la solicitud para retirar su inmunidad.
El comisionado señaló únicamente al magistrado De León y dijo que no había evidencia de que los otros dos magistrados de la Sala Tercera de lo Civil estuvieran involucrados en las acciones ilegales.
