Ayer, el exsecretario general de la Presidencia y yerno de Otto Pérez Molina, Gustavo Martínez, dijo frente al juez que lleva el proceso en su contra, que por el Caso de Terminal de Contenedores Quetzal, el muerto del que lo acusan está vivo y el Estado lo luce como su mejor obra.

No queremos ni podemos justificar las acciones de las que están señalados Martínez, Pérez, Baldetti, Pérez-Maura, etc., y estamos absolutamente claros que tal operación sigue igual o peor de sucia a pesar de que el gobierno, con el apoyo absoluto de la Procuraduría General de la Nación y de un interventor que terminó siendo el mejor empleado de la empresa que pagó la mordida, lo haya echado a andar.

Y es que ese es el punto de mayor importancia y preocupación. Cómo es que hay un doble rasero en Guatemala para que la señora Anabella Morfín entienda que se tienen que seguir al pie de la letra los procesos, como aduce ahora en el caso del Hogar Rafael Ayau, mientras que para el Caso de TCQ han sido capaces de encontrar razones de peso para jugarle la vuelta a sus obligaciones con el Estado para ser eficientes con quien paga los mariachis.

Es totalmente correcto el planteamiento hecho esta semana en estas mismas páginas descalificando a la licenciada Morfín ante la situación con la que ha demostrado que tiene el conocimiento absolutamente claro de las ilegalidades, como lo ha planteado para un caso, pero que no lo quiere aplicar para el otro. La única diferencia entre ambos es que en uno hay mordidas de por medio y en el del Hogar vemos casi imposible que se les vaya a ofrecer beneficios bajo la mesa o, incluso, sobre la mesa que hayan repartido los dueños de los puertos.

Lo que Martínez dijo ayer no los limpia a ellos de culpa, pero sí nos tiene que demostrar lo sucio que sigue siendo el Caso de TCQ. La Terminal de Contenedores “Quetzales” es el monumento más grande a la corrupción que hoy por hoy tiene el país.

Entendemos que Guatemala necesita modernizarse y que un puerto de primer orden es necesario. Pero con este razonamiento tan torcido, como el que se ha planteado a manera de solución en ese turbio caso, mandemos al interventor Aizenstadt a administrar las obras de Odebrecht y que le rinda utilidades de inmediato a la empresa brasileña para que no pierdan más. Al fin y al cabo que son, Morfín y él, muy eficientes para proteger esa clase de intereses.

Artículo anteriorEl Caso TCQ nos muerde la mano
Artículo siguienteGuatemala, un país en el que los niños y jóvenes no han sido la primera prioridad