Pedro Pablo Marroquín Pérez
pmarroquin@lahora.com.gt
@ppmp82
No hay peor cosa que decir “cantado vale doble” porque eso significa que el peligro fue avisado y eso es justamente lo que se me viene a la mente cuando pienso en lo que dije al referirme al Caso TCQ.
Con mucho pesar dije que ese antecedente iba a servir para mucho, incluyendo que los mafiosos dijeran que en lugar de estar procesados deberían de tener un monumento porque ahora funciona un puerto y el Interventor la PGN, el Ministro de Finanzas y el mismo Presidente cacarean el mismo a pesar de ser el mayor monumento a la corrupción y a la idea de que en Guatemala todo se puede.
La vez pasada me enteré que hasta un grupo que se junta a chismear y que se dedica a hablar de cosas pocas serias de la vida nacional, expresó su asombro de por qué la PGN actuó de una manera en el Caso de TCQ (en donde permitió que la ley sirviera para limpiarse) y de otra totalmente distinta en el caso del Hogar Rafael Ayau, cuando los vicios son los mismos.
Ayer salió Gustavo Martínez alegando que ellos están procesados por un contrato que está vigente y que pese a la “intervención dictada por un juez de Extinción de Dominio” está operando bajo la cuestionada figura del usufructo. “El Estado tiene un doble discurso” expresó, porque por un lado acusan a las personas de fraguar ese contrato y por el otro lado ponen a operar la Terminal bajo ese mismo contrato.
Y la verdad es que tiene razón; siempre dije que al Interventor le ganó el entusiasmo de querer ser quien, según él, iba a deshacer el nudo gordiano y que eso lo llevó a no cuidar las formas por medio de las cuales “ponía a operar la Terminal”. Sentó uno de los precedentes más nefastos en la historia del país.
Con lo que dijo Martínez (por mal que caiga) y con lo que dicen del Hogar Rafael Ayau, queda demostrado que el actuar en el Caso de TCQ es un terrible precedente que permite a la gente alegar que hay raseros distintos para manejar las cosas y que de alguna manera, el nuestro es un Estado criminal que a veces pretende dar certeza a hechos que riñen con la ley.
Y con este antecedente, poco falta para que llegue el día en el que un interventor diga que le parece que lo que está haciendo la SAT es malo y que desea que en lugar de 18 meses, el contribuyente tenga 48 meses en convenio para pagar y que todo lo haga bajo un argumento espurio.
Imaginen qué tan podrido estaba el Caso de TCQ que ni los congresistas se la quisieron jugar. Como será de sucio el negocio que ni esa banda quiso meterse a camisa de once varas.
Esto del doble rasero y del antecedente que dejamos con TCQ es peor que la demanda que tanto se temió y con la que asustaron con el petate del muerto. Hubiera sido mejor ser demandados (se tenían los argumentos de defensa) que habernos confirmado como el país que tiene un Estado criminal con un sistema de derecho que resulta siendo un chiste.
