POR MARIELA CASTAÑÓN
mcastanon@lahora.com.gt
El mes pasado, la Secretaría de Bienestar Social (SBS) informó que había 1 mil 25 jóvenes detenidos en los cuatro correccionales del país. La información también detalló que casi el 50 por ciento de los internos había alcanzado la mayoría de edad. El perfil de los adolescentes detenidos corresponde a colegiales desertores de su educación, que viven en áreas donde carecen de los servicios básicos o únicamente residen con un padre o una madre, aunado a la violencia intrafamiliar.
*Mario es uno de los 44 adolescentes amotinados el pasado 19 de marzo. Cuando ingresó al correccional tenía 16 años y fue sindicado por el delito de asesinato.
Actualmente el joven tiene 20 años y está sentenciado a cinco años en el centro de privación Etapa II por dar muerte a una persona.
De acuerdo con su progenitora, quien se encontraba un día después del motín afuera del correccional y quien pidió no ser citada por seguridad, su hijo estudió hasta segundo básico, empezó a trabajar como ayudante de bus, con la intención de apoyarle económicamente a ella.
Según la entrevistada, el adolescente prefirió trabajar pues tras el abandono de su padre, consideró que era mejor apoyar en su entorno familiar. Dejó los estudios y en el centro de privación de libertad ya no pudo continuar.
“Él tiene papá, pero no me ayudó, somos separados. Él busco a otra mujer. Yo con mis lavados lo mantenía. Él trabajaba como ayudante de camioneta, cuando lo capturaron no estaba tatuado”, lamenta la mujer.
La entrevistada dice que en el año 2019 su hijo abandonará el correccional, pues en esa fecha cumple cinco años de su sentencia.
La mujer refiere que permaneció entre el 19 y 20 de marzo a inmediaciones del centro, pues ese día se reportaron los disturbios que culminaron con la muerte de cuatro monitores.
De acuerdo con la madre del joven, la violencia en Etapa II se habría desatado por dos situaciones: la primera porque tres mujeres que ingresaron de visita a ver a sus hijos detenidos, pero fueron registradas de manera “irrespetuosa” por las monitoras, después los jóvenes fueron amenazados con que morirían igual que las 40 niñas del Hogar Virgen de la Asunción, lo cual fue detonante para los disturbios.
JUVENTUD DETENIDA Y SU PERFIL
La Hora Departamental requirió información actualizada al Departamento de Relaciones Públicas de la SBS, pero no respondieron a la solicitud al cierre de esta nota. También intentó obtener declaraciones del nuevo subsecretario de Reinserción y Resocialización de esta instancia, Vladimir López, pero no respondió a las llamadas realizadas a su teléfono celular.
En febrero pasado, el extitular de la SBS, Carlos Rodas y quien hoy está detenido por las 40 muertes en el Hogar Virgen de la Asunción, detalló que 1 mil 25 jóvenes estaban recluidos en los correccionales: Centro Juvenil de Detención Provisional (Las Gaviotas); Centro Juvenil de Privación de Libertad para Varones II (Etapa II), Centro Juvenil de Privación de Libertad para Varones II (Anexo) y Centro Juvenil de Privación de Libertad para Mujeres (Gorriones).
En aquella ocasión informó que únicamente 768 adolescentes estaban estudiando en los centros de privación de internamiento: 191 estudiaban primaria, 357 básicos, 183 diversificado y 37 estaban en la universidad, en tanto 257 no estaban preparándose académicamente porque su situación jurídica no se había dilucidado.
Por otro lado, en agosto del año pasado, La Hora publicó el reportaje: “El 73 por ciento de los jóvenes privados de libertad provienen del área metropolitana”, donde se explica que de 1 mil 087 detenidos que había en aquella ocasión, 793 provenían del departamento de Guatemala y los delitos en los que más incurrían eran: asesinato, extorsión y portación ilegal de arma de fuego.
ESTADO FACILITA INVOLUCRAMIENTO
A criterio de Zoel Franco, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, lamentablemente el Estado no garantiza los derechos de educación, salud, vivienda digna, alimentación, trabajo e integralidad de la familia para evitar que más niños, niñas y jóvenes se involucren con los grupos delictivos.
Por otro lado, Franco lamenta que no se cumpla la Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia (Ley Pina), para colocar a los jóvenes mayores de edad en áreas específicas, sin mezclar con los menores.
El profesional dice que el pasado 14 de marzo, interpuso varias exhibiciones personales a favor de todos los adolescentes detenidos en los cuatro centros, esto con el fin de evitar lo que se podía describir una “bomba de tiempo”.
*Nombre ficticio para resguardar la integridad del joven.
