Washington
DPA
Estados Unidos no se presentó hoy a la audiencia pública sobre las órdenes ejecutivas de Donald Trump sobre inmigración y el muro en la frontera con México que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había convocado de oficio en su sede, en Washington.
La audiencia, que había generado gran expectación mediática, se celebró así sin la presencia del Estado al que el organismo que vela por los derechos humanos en el continente quería preguntar ante los temores de que esas órdenes violen normativas regionales. Cinco sillas en la sala permanecieron vacías.
La CIDH, por expresión de uno de sus comisionados, el brasileño Paulo Vannuchi, lamentó una decisión «que impide el ejercicio democrático» de conocer distintas posturas.
«Es una política de aislamiento propia de regímenes autoritarios», denunció Jamil Dakwar, director del programa de derechos humanos de American Civil Liberties Union (ACLU).
La organización de defensa de los derechos civiles, que es una de las más importantes de Estados Unidos, fue una de las 14 convocadas por la CIDH para analizar las órdenes ejecutivas de Trump.
La CIDH celebra desde el viernes pasado hasta mañana miércoles las audiencias públicas del 161 periodo de sesiones.
No es la primera vez que un Estado no acude a una audiencia pública en la CIDH sobre un tema que considera crítico. Cuba y Nicaragua lo han hecho en el pasado, también Ecuador y Venezuela. Pero Estados Unidos ha acudido siempre en un pasado reciente, pese a que en ocasiones se ha enfrentado con temas delicados.
El secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, no contaba con esta decisión del Gobierno de Trump. «Vendrán, (los representantes de Estados Unidos) siempre estuvieron y contamos con que estarán», dijo hace unos días, y aseguró que las relaciones con la nueva Administración norteamericana se mantenían en la «absoluta normalidad».
El Estado estadounidense tampoco se presentó a la audiencia previa sobre el secuestro de dos ciudadanos japoneses en Perú durante la Segunda Guerra Mundial y enviados a un campo en Estados Unidos.
La CIDH no ha escondido su preocupación por las órdenes ejecutivas más controvertidas que Trump ha firmado desde su llegada a la Casa Blanca el 20 de enero. A principios de febrero, instó a Estados Unidos a dejarlas sin efecto.
Después decidió sentar públicamente a la Administración de Trump en una sala de audiencias, con la consiguiente visibilidad y atención mediática, para preguntarle hoy por el alcance de las órdenes presidenciales.
Las audiencias públicas en la CIDH vienen por lo general convocadas sobre todo a petición de la sociedad civil, también, aunque menos, a petición de los Estados. Cuando es la propia comisión la que las convoca de oficio es porque tiene un interés específico en escuchar a los Estados.
En este caso, ese interés devenía de la posibilidad de que las órdenes sean discriminatorias hacia los migrantes hispanos y musulmanes, así como de la posibilidad de que haya incumplimiento de los estándares de protección judicial en el tema de las deportaciones. Los memorandos con los que el Departamento de Seguridad Nacional desarrolló las órdenes ejecutivas abrieron de hecho la puerta a las deportaciones masivas.
