Es terriblemente preocupante la forma en que la bomba de tiempo de las instituciones correccionales y/o de custodia de menores empieza a estallar, como nos ha tocado vivirlo en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción y ayer, en Etapa II, donde se terminó con saldo de dos monitores asesinados.
Tenemos que hacer la aclaración de que se trata de distintos tipos de centros de atención. La clasificación es entre menores en riesgo y aquellos que han cometido delitos. El Estado por medio de las autoridades correspondientes consideró en su momento que la institucionalización de los jóvenes era la medida más adecuada ante la falta de quienes pudieran ejercer adecuadamente la custodia de los menores en conflicto o riesgo.
Pero lo que es sumamente complicado es que no se cuenta con los recursos, la infraestructura ni el personal capaz para poder garantizar el adecuado cuidado y tratamiento de dichos individuos mientras se encuentran en reclusión.
Este, igual que el de presidios, es un tema de décadas de abandono de parte de las autoridades que fueron llenando un tonel de pólvora que viene a explotar, incluso casi con contagio, en todas las instituciones de similares características.
Se sabe ahora que por orden de juez competente se había ordenado el traslado de menores por las terribles condiciones en que vivían. También sabemos que se había sobrepasado por meses el plazo para tomar dichas medidas.
También se tiene el problema de los mayores de edad conviviendo con menores y algunos otros, que bajo la estructura de las pandillas juveniles siguen operando y organizándose a lo interno de dichas instituciones.
No es posible en tales circunstancias, generarles un ambiente de seguridad y formación a los recluidos. Es importante que se tome en consideración que este problema de tradición, encuentre una solución con prontitud.
Estamos seguros que las condiciones deplorables no son únicamente en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción ni en Etapa II. Por ello, nos preocupa que otros centros de similares condiciones puedan empezar con pedidos y protestas para demandar cambios radicales en sus condiciones.
Por ello, recomendamos a las autoridades adelantarse y conformar una Comisión con presencia multinstitucional para que se presente un diálogo inmediato para que no se espere a que por medios de fuerza o acciones violentas se llame la atención.
Sería conveniente que, de igual manera, se proceda a una clasificación de cada uno de los menores, entendiendo que las carencias y necesidades de los centros institucionales son tan amplias, que requerirá un esfuerzo excepcional para garantizar la seguridad de todos ellos.
