Fernando Mollinedo C.
Como sociedad nos preguntamos: ¿Hacia dónde vamos, a dónde nos llevan, quién nos guía, estaremos mejor que ahora? Preguntas que cada generación de guatemaltecos se plantean de acuerdo a la edad en que principian a pensar seriamente en su futuro y el de sus hijos.
Iniciamos un año más de gobierno en medio de un ensordecedor clamor social por la depuración de funcionarios y empleados corruptos enquistados en el aparato administrativo del gobierno; pero sus estruendosos reclamos no se escuchan en las esferas del poder (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) que permanecen sordas como antes: guardando y velando por los intereses de la clase económicamente privilegiada; tal circunstancia nos coloca en situación peligrosa que puede llevarnos al estallido y consecuente colapso social total por la enorme estupidez de creer que fueron electos por los ricos, para garantizarles sus riquezas y desdeñar el clamor popular contra la corrupción.
La mayor parte de los 15 millones de habitantes del país llevan pegada a su piel la incertidumbre como futuro, pues padecemos de un Gobierno incapaz de garantizar las condiciones mínimas en materia de derechos humanos; sin tener formalmente declarada una guerra, las víctimas fatales que dicha situación cobra, supera las estadísticas de criminalidad de los años de la guerra interna (homicidios, desplazados por la violencia, desaparición forzada y trata de personas, extorsiones, amenazas a los activistas de derechos humanos y a los dirigentes campesinos y obreros.)
Los problemas se han multiplicado y profundizado sin que haya voluntad y capacidad para resolverlos, es como si estuviéramos a la deriva gubernamental; ante las protestas se están utilizando nefastas medidas: la averiguación previa de los dirigentes y activistas, la represión y amenaza abierta frente a las masas que movilizan y el asesinato como cura definitiva.
Los pueblos indígenas no se resignan a perder sus recursos hídricos y su tierra invadida por monopolios extranjeros o nacionales que destruyen sus bienes y zonas sagradas, los expulsan o los explotan en sus propios territorios. Su lucha digna los lleva a la cárcel o morir en la lucha.
No es que esté sesgado mi pensamiento, debo reconocer que también por parte de la iniciativa privada hay algunos proyectos de beneficio social (y naturalmente económico) que han sido abortados por la intransigencia de algunos pobladores y el incumplimiento de los interesados en cumplir con todas las normas y requisitos establecidos o bien comprando alguna ley para pasarse por el arco del triunfo los derechos de los particulares afectados.
La plataforma MORAL y ÉTICA de la mayoría de funcionarios y empleados públicos pareciera seguir el ejemplo de los equipos gobernantes antecesores: irrespeto a la norma, apropiación indebida, asociación ilícita, nepotismo, incapacidad profesional, sometimiento gubernamental a los intereses de empresas transnacionales, incumplimiento de deberes, cohecho activo y pasivo, fraude a la ley y otro sinfín de acciones legales y humanas que retratan a los mismos como una escoria vestida con smoking o un elefante dentro de una cristalería.
