Por Joseline Ayala
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Los trabajadores de Transurbano denunciaron hoy ante la Comisión de Transparencia y Probidad del Congreso de la República que la empresa adeuda al Seguro Social más de ocho millones de quetzales y que desde su establecimiento, no han podido tener acceso a este servicio.
De acuerdo a las denuncias de los 650 trabajadores aproximadamente, unos 80 empleados padecen enfermedades terminales o requieren de ayuda médica especializada, además de padres de familia que no pueden tener acceso a que se atienda a sus esposas embarazadas, lo que ha llevado a la muerte de al menos dos neonatos.
Según Victoriano Zacarías, representante sindical de los trabajadores de la empresa del transporte público, las denuncias comenzaron a presentarse a inicios del 2016, pero que de acuerdo al personal de la fiscalía de Derechos Humanos, “no se encontraba un delito” para procesar las quejas presentadas.
“Desde que se fundó el sistema de transporte Transurbano, en el 2012, la empresa ha fallado con cumplir con los trabajadores, lo más que han pagado es uno o dos meses de pago del seguro social al año lo que podría interpretarse que deben desde que inició operaciones casi en su totalidad las prestaciones por ley de los trabajadores” dijo Zacarías.
Además el sindicalista denunció que la empresa no sólo deja de cumplir con ese mandato sino que también les adeuda bonificaciones, falla con cumplir con las vacaciones, no paga asuetos trabajados, las jornadas laborales son de más de 12 horas y faltan a los contratos.
“Hemos hecho las denuncias porque creemos que hay apropiación indebida, hay enriquecimiento ilícito y lo que es grave, que se atenta contra la salud de los trabajadores que incluso pone en peligro la integridad de los pasajeros pues los compañeros deben trabajar muchas veces con sus dolencias”, denunció.
NIEGAN SEÑALAMIENTOS
Sergio Vásquez, portavoz de Transurbano, dijo que las acusaciones en contra de la empresa se realizan con intereses “malsanos” y que todo es parte de aprovechamientos de la “buena fe” del presidente de la Comisión, Amílcar Pop, debido a que la situación no es toda así como denuncian.
“Ellos saben precisamente que nosotros tenemos dificultades, que se nos están atrancando muchísimas cosas dentro del proceso administrativo y operativo, pero los trabajadores están tergiversando estas situaciones”, justificó Vásquez.
El portavoz indicó que el origen del problema es que se han trazado rutas para mejorar la calidad del servicio, pero implicaría realizar un “reajuste” tarifario para poder atender las demandas laborales del personal y poder atender de manera adecuada a los usuarios.
A decir de Vásquez, debido a que los trabajadores han realizado constantes paros en el servicio, el más reciente el viernes pasado, se analizará si incurrieron en algún incumplimiento para considerar despidos.
