POR CLAUDIA PALACIOS
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La titular de la Sala Tercera de Apelaciones, que recientemente recibió una certificación ISO en reconocimiento a su alta efectividad, dijo que esta mañana le informaron que un grupo de autoridades del Organismo Judicial se reunió para tomar decisiones sobre las medidas que se iniciarían en contra de los jueces que asistieron a la reunión de ayer, y que incluso se habló de destituir a algunos togados.
De acuerdo con Fernández, a las 10 de la mañana se presentaron dos trabajadoras de la Supervisión General de Tribunales con un memorándum, en el que constaba que por instrucciones dadas por vía telefónica por el magistrado Manfredo Maldonado Méndez, presidente de la Cámara Penal, se ordenaba inmediatamente el monitoreo de presencia en la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Civil. Ningún otro órgano habría sido monitoreado, además del que preside Fernández.
LO NIEGA
Al consultar a la Supervisora General de Tribunales, Rosalba Corzantes, sobre posibles acciones contra los asistentes a la reunión, respondió: “No tengo noticias de ese tema que usted me dice (…) yo no he recibido ninguna orden (…) yo acato órdenes de la superioridad y de los órganos disciplinarios y realizo visitas preventivas y monitoreos preventivos que la ley ordena”.
Sin embargo, un documento al que tuvo acceso La Hora, en el que se ordena la supervisión inmediata de la Sala Tercera, está firmado y sellado por Corzantes.
La supervisora añadió que anoche no escuchó la conferencia de prensa que dieron ayer los jueces y que no tenía idea del contenido de las manifestaciones vertidas, por lo que no tenía un criterio al respecto.
MARCHA ATRÁS
Luego de que trascendiera la noticia sobre las presiones, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Arturo Sierra, reconoció ante periodistas que el magistrado Maldonado se extralimitó en sus funciones al girar dicha instrucción, debido a que éste es presidente de la Cámara Penal y el monitoreo era para una Sala de Apelación del ramo civil, por lo que anuló la orden.
Al ser consultado sobre las acciones de hecho que tomarían los jueces en el caso de que la Corte de Constitucionalidad no resuelva las impugnaciones a la elección de magistrados, Sierra además expresó que espera que no afecten o retrasen la administración de justicia y que en caso contrario se tomarían medidas que podrían incluir sanciones contra los togados.
ASOCIACIÓN
La Asociación de Jueces y Magistrados está únicamente para proponer ideas sobre cambios que se puedan hacer en la ley para las próximas elecciones que se den en la CSJ y Salas de Apelaciones en el 2019, dijo la magistrada electa y representante de esta asociación, Anabella Cardona. Además expresó que no recibió convocatoria para participar en la reunión de ayer y que se apoyará a los jueces en propuestas de reforma a la ley, pero no en las medidas que tomarán los togados.
