JOSELINE AYALA
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Una iniciativa para modificar el Código Penal, propuesta por el diputado Juan Ramón Lau, jefe del partido TODOS, beneficiaría a los implicados en casos de corrupción al facilitar la obtención de medidas sustitutivas. El proyecto fue dictaminado de manera favorable por la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, pero el Ministerio Público (MP) considera que sería “un gran golpe” para el sistema de justicia.
Ayer, la organización civil Justicia Ya advirtió de la intención de los diputados de alterar la agenda de la sesión que se celebrará hoy, para conocer la iniciativa de cambios al Código Penal presentada por Lau.
La reforma consiste en modificar las condiciones para el cese del encarcelamiento preventivo.
Lau defendió la iniciativa y aseguró que ha sido malinterpretada. Según dijo, no tiene intención de beneficiar a altos funcionarios que están detenidos por procesos de corrupción y afirmó que la propuesta fue socializada con el Ministerio Público (MP), ganando el aval de la fiscal general, Thelma Aldana.
COMISIÓN DA DICTAMEN FAVORABLE
La iniciativa fue dictaminada de manera favorable por la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Según consta en el documento, le dieron su aval los diputados Cornelio García García, Alejandra Carrillo, Fidel Reyes Lee, Ronald Arango, Cesar Fajardo, Javier Hernández, Victoria Hernández, Juan Ramón Lau y Carlos López Girón.
“TRABAJO DE MP CAERÍA EN SACO ROTO”
Aunque Lau aseguró contar con el respaldo del MP, Aldana lo desmintió a La Hora.
El secretario de Política Criminal de la Fiscalía General, Rotman Pérez, aseguró que la propuesta de reforma al Código Penal es preocupante porque podría beneficiar a los privados de libertad, bajo el argumento de que se resolvería el hacinamiento y el retraso en los procesos penales.
Pérez dijo que como MP están totalmente en desacuerdo con la propuesta, pues significaría un “gran golpe para el sistema de justicia del país” por ser una herramienta que “genera impunidad” y no elimina el riesgo de peligro de fuga.
“Esto significaría un bloqueo al esfuerzo que hace la institución, debido a que se ha invertido tanto trabajo en la lucha contra la corrupción que sería poner en saco roto los resultados de las investigaciones que se realizan”, explicó.
Al cierre de esta edición se conoció que la sesión extraordinaria fue suspendida tras conocer una resolución de la Corte de Constitucionalidad que obliga a los diputados a repetir la elección de la Secretaría del Consejo Nacional de Atención al Migrante Guatemalteco.
CAMBIOS PROPUESTOS EN INICIATIVA
CESE DEL ENCARCELAMIENTO
La privación de libertad finalizará:
– Cuando nuevos elementos de juicio demuestren que no concurren los motivos que la fundaron.
– Cuando su duración supere o equivalga a la condena que se espera.
– Cuando su duración exceda de un año, pero si se hubiere dictado sentencia condenatoria pendiente de curso podrá durar tres meses más.
INDEMNIZACIÓN
– Habiéndose dictado la libertad del procesado mediante desistimiento, sobreseimiento o archivo, el Estado indemnizará al procesado con cincuenta salarios mininos.
Así mismo se indemnizará al procesado por parte del Estado quien fuere absuelto en sentencia firme con cien salarios mínimos.
