Oscar Clemente Marroquín
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Es interesante observar cómo se gesta un movimiento intenso alrededor del gesto valiente y firme de la doctora Escobar puesto que evidentemente su sacrificio personal está rindiendo frutos. Hoy en día hasta los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, que se caracterizan por la desfachatez con que toman sus decisiones, tienen que estar pensando seriamente si se ponen del lado del derecho y la verdadera justicia o si les cumplen a sus patrones de los poderes ocultos porque no cabe duda que esa renuncia ha sido un parteaguas en el comportamiento colectivo de los guatemaltecos.
Y es que jurídicamente resulta incuestionable el argumento de que debió prevalecer el espíritu y la letra de la Ley de la Carrera Judicial para conformar las listas de abogados calificados para que las Comisiones de Postulación pudieran elaborar su propuesta al Congreso de la República. Haría falta tremenda caradura, que no dudamos pueda existir, de parte de los magistrados del tribunal constitucional para ignorar la validez plena del argumento expuesto por la magistrada y las juezas que compartieron con ella la inicial presentación.
Evidentemente nunca había habido tanta presión para que se repita todo el proceso y para enderezar el procedimiento de la elección de magistrados para las salas de apelaciones y la Corte Suprema de Justicia y por ello es que no cabe la menor duda de que vivimos un momento crucial en la historia del país y decisivo para el futuro de la justicia. Internacionalmente se entiende lo que significa la cooptación de las cortes por los poderes ocultos y por ello hasta la ONU ha terciado en el asunto con un criterio muy claro y definido, mismo que también comparten muchos países que siguen con preocupación la marcha de los acontecimientos en nuestro país.
Estando fuera de Guatemala uno se da cuenta que casi nunca los acontecimientos nacionales ocupan o preocupan a la comunidad internacional, pero en este caso es obvio que hay un enorme interés por la coyuntura que puede permitir un cambio fundamental en nuestros procedimientos viciados para conformar el poder judicial. Personas influyentes están siguiendo con detenimiento el curso de lo que ocurre en Guatemala y no son pocos los que sienten que hay ahora una oportunidad de enderezar el rumbo.
El valladar que queda es la Corte de Constitucionalidad, cuna precisamente de muchos de los males que hoy sufrimos por la tendencia a resolver más con criterio de política acomodaticia que con apego a las normas esenciales del derecho y de la constitucionalidad del país, por lo que es bueno que hacia ellos dirijamos ahora toda la presión para evitar que den un golpe a la esperanza.
