Por Joseline Ayala
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Debido a la denuncia presentada por el diputado Leonel Lira acerca del pago de sueldos a 12 asesores del Comité Olímpico Guatemalteco (COG) y de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG), que determinó que en el 2016 se utilizaron 5.4 millones de quetzales en esos salarios, el legislador le solicitó a la Contraloría General de Cuentas (CGC) una auditoría de desempeño y un informe sobre el caso.
Lira aseguró que la Contraloría tiene una semana para realizar la investigación y de presentar los hallazgos que evidenciarían que en esas dos instituciones se prioriza más el pago administrativo que el apoyo a los atletas de alto rendimiento.
Los salarios de 12 asesores que devengaron salarios desde los 10 mil quetzales hasta los 24 mil, sumaron cantidades de hasta 49 mil quetzales en ambas entidades. En el 2016 ocuparon puestos bajo el renglón 029 y siguen laborando para ambas instituciones.
Al corroborar los listados me topé con la sorpresa que los asesores tienen las mismas funciones en ambos lugares, por eso pedimos que se iniciara una auditoría forense y una de desempeño tomando en cuenta que muchos de los contratos se tratan del mismo, explicó Lira.
El legislador agregó que de confirmarse los datos que ha denunciado, la CGC tendrá que presentar el caso ante el Ministerio Público (MP) y además, como diputado, presentará una denuncia penal en contra de los dirigentes que invierten más en sus asesores que en el apoyo a los deportistas.
Lira agregó que no ha tenido comunicación directa con ningún directivo, pero que a través de un comunicado la CDAG explicó que ninguna contratación está fuera de la ley y que la intención del diputado sería “atacarlos” por ser año electoral del Comité en su tribunal de honor.
FALTA DE CONTROLES
El politólogo independiente Hans Quevedo asegura que los directivos de las instituciones “se salen con la suya” por la falta de controles que existen para determinar qué tan necesario es el trabajo de asesoría sobre la inversión y apoyo a los atletas.
“Es común que los dirigentes de esos lugares se aprovechen de los recursos que tienen, no es una prioridad para las instituciones reguladoras controlarlas y eso les da la oportunidad de lograr sus artimañas y salirse con la suya”, explicó.
Quevedo también asegura que la designación de personal, así como los contactos, los viajes y los viáticos que ofrecen en el COG y la CDAG son parte de los beneficios que los directivos aprovechan en su “pequeña mafia llena de corrupción”.
Por su parte, el analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), Luis Linares, dijo que no es normal que un asesor devengue 49 mil quetzales mensuales y que a su criterio son cantidades exageradas para plazas permanentes y no asesorías temporales con el propósito de crear un producto específico.
Agregó que utilizando un criterio de comparación, los sueldos de los funcionarios públicos rondan esas cantidades, por lo que, aunque fueran asesores de alto nivel, no justifica el abuso de los recursos en esos sueldos.
