POR REDACCIÓN LA HORA
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El proyecto de reformas constitucionales que el Congreso discute actualmente se apartó del espíritu que le inyectaron los diversos sectores de la sociedad que participaron en el Diálogo Nacional Hacia la Reforma de la Justicia en Guatemala. Las enmiendas de los diputados no solo han eliminado reformas fundamentales para fortalecer la justicia, sino que también podrían significar un retroceso en la materia. A Continuación, un resumen del recorrido de las reformas constitucionales y cómo se convirtieron en un botín de los congresistas.
En febrero de 2016, los presidentes de los Organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, acompañados por una secretaría técnica integrada por el Ministerio Público, la Procuraduría de Derechos Humanos, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Guatemala, convocaron a un Diálogo Nacional para la Reforma Constitucional al Sistema de Justicia.
La convocatoria se lanzó de forma abierta para todos aquellos sectores interesados en dialogar y desarrollar reformas que apoyaran y contribuyeran a la lucha contra la impunidad y la corrupción, garantizando la independencia judicial y el fortalecimiento de la institucionalidad.
La secretaría técnica presentó en abril de ese mismo año un borrador de reforma constitucional, que fue puesto a disposición de las mesas de discusión.
Con base en tal documento, en mayo y junio se llevaron a cabo numerosos eventos regionales en los que organizaciones civiles, académicas, funcionarios, exfuncionarios y particulares analizaron el documento inicial y propusieron modificaciones.
Los debates se celebraron en Quetzaltenango, Huehuetenango, Cobán, Zacapa, Petén, Jutiapa y la Antigua Guatemala.
En junio y agosto el debate se trasladó a mesas de trabajo en la ciudad de Guatemala, donde se continuó depurando el borrador.
En todos los eventos también participaron otras personas que no tenían una propuesta concreta, pero que participaron en calidad de observadores.
En total, se evaluaron y discutieron 245 propuestas de reforma constitucional, las cuales versaron sobre uno o varios artículos referidos exclusivamente al tema de justicia.
Considerando todos los insumos recabados en el interior de la República y en la ciudad capital, la Secretaría Técnica del Diálogo Nacional propuso un documento final que fue presentado por los Presidentes de los Organismos de Estado al Congreso de la República para el trámite correspondiente.
COMIENZAN LOS “PEROS” EN EL CONGRESO
El 10 de noviembre pasado, la Comisión Legislativa y de Puntos Constitucionales del Congreso emitió un dictamen favorable sobre las reformas al sector justicia y lo entregó a la Dirección Legislativa para dar inicio a su proceso de aprobación.
El dictamen de la Comisión fue favorable, pero tuvo voto razonado de los diputados María Eugenia Tabush de Sánchez, de Visión con Valores (ViVa), y Fernando Linares Beltranena, del Partido de Avanzada Nacional (PAN).
Tabush indicó su inconformidad con la reforma al artículo 203 de la Carta Magna, que reconoce el pluralismo jurídico. De acuerdo con el voto de la diputada, dicho reconocimiento es innecesario puesto que la Corte de Constitucionalidad ya ha emitido varias sentencias al respecto.
En tanto, Linares cuestionó el proceso seguido por las mesas de diálogo en las que se discutió la propuesta, ya que considera que carecían de representatividad ciudadana.
Además el congresista criticó la participación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ya que según su criterio los temas incluidos en las reformas constitucionales no están en su mandato. Desde entonces, Linares Beltranena ha sido uno de los opositores más acérrimos de las reformas.
PIDIERON RESPETAR PROPUESTA
Tras el dictamen emitido por el Congreso y el paso a la etapa de aprobación, analistas y activistas comenzaron a expresar sus preocupaciones acerca de las posibles modificaciones a la propuesta elaborada por las mesas de discusión.
Analistas advirtieron sobre el riesgo de que durante su proceso de aprobación en el Congreso, las reformas constitucionales al sector justicia sufran enmiendas y ampliaciones que no han sido consensuadas previamente.
Oswaldo Samayoa, analista del Centro de Estudios de Guatemala (CEG), dijo en noviembre del año pasado que uno de los riesgos era que algunos congresistas pretendan incluir en las reformas aspectos que no han sido discutidos previamente.
Por su parte, Lizandro Acuña, analista del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), advirtió que no había ninguna garantía de que las reformas se aprueben tal y como fueron presentadas en su texto original por parte de la Secretaría Técnica del Diálogo Nacional.
Agregó que un factor de riesgo era que de parte de varios diputados existían posiciones enfrentadas con relación a algunos temas “álgidos”, entre ellos la conformación del nuevo Consejo de la Carrera Judicial y el reconocimiento constitucional del pluralismo jurídico.
Por estas razones, según Samayoa, era necesario que la Secretaría Técnica diera acompañamiento al proceso de aprobación.
“Las enmiendas siempre van a ser un riesgo y como está dentro del procedimiento legislativo ordinario se puede presentar, no hay que descartarlo. Pero lo que disminuye los riesgos es que la Secretaría Técnica sea la que esté dando ese acompañamiento a las enmiendas”, señaló.
Samayoa insistió en que el proyecto presentado por la Secretaría no fue improvisado: “Hay que recordar que hubo un proceso de discusión y de diálogo de 12 departamentos, donde participaron más de 3 mil personas profesionales y no profesionales, sobre qué debería tener y qué no la reforma”.
SIN COMPROMISO PARA APROBAR LAS REFORMAS
El 28 de noviembre de 2016, los diputados del Congreso de la República empezaron destrozando las reformas al no aprobar las enmiendas sobre el antejuicio, el momento en el que cesan del cargo los diputados acusados y el pluralismo jurídico, que modificaban los artículos 154, 161 y 203 de la Constitución Política pese a la presión de activistas y autoridades indígenas que observaron la sesión plenaria desde el palco. Ante la falta de quórum la sesión plenaria fue suspendida.
La fiscal general, Thelma Aldana, calificó la sesión extraordinaria para la aprobación de reformas constitucionales como “un fracaso”, debido a que los diputados no aprobaron ningún artículo de la iniciativa.
La jefa del Ministerio Público se mostró pesimista en cuanto al panorama de aprobación del resto de la reforma: “No creo que nada vaya a suceder el año entrante. Por lo visto no hay conceso para aprobar las reformas de justicia del país, de tal manera que vamos a seguir igual, o sea, tolerando la corrupción y la impunidad”, dijo.
LA MANO DEL CONGRESO EN LAS REFORMAS
Al tomar posesión de su cargo como presidente del Congreso, Óscar Chinchilla hizo un compromiso con las reformas constitucionales. El Legislativo no debe desperdiciar este año «la oportunidad de construir una Guatemala diferente y que los diputados puedan escribir su nombre en el lado correcto de la historia», dijo.
Sin embargo, los diputados del Congreso no solo han bloqueado la continuación de las reformas constitucionales, sino que además la han alejado de su espíritu original.
Chinchilla anunció a inicios de este año que las reformas serían analizadas por los jefes de bloque del Congreso y a partir de esa discusión se presentarían enmiendas que pudieran obtener consensos a la hora de someterse a votación. A estos debates no se invitó a la sociedad civil que formó parte del proceso de debate y la mayoría de las reuniones se realizaron a puerta cerrada.
De esa forma, el Congreso de la República preparó al menos 24 enmiendas y 3 artículos nuevos al proyecto que pretende modificar la Carta Magna.
Los principales cambios afectan la propuesta de la jurisdicción indígena con una redacción nueva que limitaría el alcance de la misma, pues se deberá comprobar la ascendencia de las autoridades y la pertenencia de los pobladores.
Otro cambio sería al artículo de la creación del Consejo Nacional de Justicia para darle paso a otro órgano, nombrado como Consejo de Administración Judicial que separaría al Organismo Judicial (OJ) de los temas administrativos y dejaría al referido ente a cargo del cumplimiento de la Ley de la Carrera Judicial, la Ley de Servicio Civil del Organismo y de la administración financiera.
También se pretende cambiar a las entidades que participan en la postulación de candidatos para altos cargos en el sistema de justicia, incluyendo de nuevo a la Universidad de San Carlos de Guatemala. En cuanto a las universidades privadas se condiciona su participación a las que tienen al menos 25 años de poseer una facultad de Derecho.
En tanto, los congresistas hicieron sus propias propuestas, entre las cuales está el eliminar los requisitos de “idoneidad, capacidad y honradez” para los aspirantes a una magistratura en la Corte de Constitucionalidad.
DECEPCIÓN
El procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque, dijo que la discusión, las enmiendas, la aprobación o la pérdida del espíritu del proyecto de reformas a la Carta Magna están en manos del Congreso.
“Cambiarle nombre al Consejo Nacional de Justicia no le vemos ningún problema. Otro de los cambios importantes y que sí es de fondo, y ahí sí hay posturas encontradas, es regresar a la Universidad de San Carlos y a las universidades privadas para la selección de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad”, afirmó De León Duque.
El funcionario también explicó que esa enmienda significaría replicar las Comisiones de Postulación. “En alguna medida es regresar a un procedimiento como el de las Comisiones de Postulación”, dijo, y recalcó que si las enmiendas modifican el espíritu de las propuestas originales el perdedor será el pueblo de Guatemala y no la mesa técnica.
El titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, dijo que la derrota de las reformas constitucionales no significará un fracaso para el ente de apoyo a la investigación criminal sino para la sociedad guatemalteca.
“Que nadie se engañe: derrotar la reforma a la justicia no es derrotar a la CICIG. Estamos ocupados en nuestro trabajo; las investigaciones”, dijo el Comisionado en una entrevista para el programa “Sin reservas” de Guatevisión.
