POR JOSÉ DEL ÁGUILA
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La fiscal general Thelma Aldana solicitará a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que el caso IGSS-Pisa sea trasladado a un tribunal de Mayor Riesgo, informó el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval.
La Ley de Procesos de Mayor Riesgo establece que todos aquellos casos en los que se presenten peligros a la seguridad de los jueces, magistrados, fiscales, testigos y demás sujetos involucrados en el proceso deberán ser conocidos por Juzgados y Tribunales de Mayor Riesgo.
Tras la solicitud formal del Ministerio Público (MP), la CSJ, por medio de la Cámara Penal, convocará a los sujetos involucrados en el proceso a una audiencia oral y pública en la que resolverá si es procedente o no la petición.
Los juzgados y tribunales de Mayor Riesgo están diseñados para resguardar la integridad de los sujetos antes referidos y de brindar las medidas de seguridad durante el desarrollo de las audiencias.
El requerimiento se plantea luego de que el pasado 11 de enero el juez Carlos Ruano, integrante del Tribunal Noveno de Sentencia Penal, denunció que la magistrada Blanca Stalling lo presionó para que otorgara una medida sustitutiva a su hijo, Otto Molina Stalling.
El hijo de la magistrada enfrentaba juicio por los delitos de tráfico de influencias, asociación ilícita y cobros de comisiones ilegales en el caso IGSS-Pisa.
La Fundación Sobrevivientes que ejerce la defensa de las víctimas en el juicio, también solicitó que el proceso se traslade a una judicatura de Mayor Riesgo.
TRIBUNAL SE EXCUSA
Luego de los hechos denunciados, la Sala Segunda de Apelaciones aceptó las excusas presentadas por los jueces del Tribunal Noveno de Sentencia Penal para no continuar conduciendo el juicio.
Por tal motivo, el expediente fue trasladado al Tribunal Décimo de Sentencia Penal. Sin embargo, la judicatura también se excusó debido a que en 2009 la Fundación Sobrevivientes señaló a dos jueces del Tribunal de estar involucrados en un caso de adopciones ilegales.
El juicio se encuentra suspendido y aún no tiene un tribunal asignado.
CASO
En el caso IGSS-Pisa se encuentran acusadas 20 personas, entre quienes se encuentra el expresidente de la junta directiva del IGSS, Juan de Dios Rodríguez, por la supuesta suscripción anómala de un contrato entre el IGSS y la Droguería Pisa para que esta proporcionara el servicio de diálisis peritoneal.
Las investigaciones dan cuenta de que la Droguería Pisa no era apta para proporcionar el servicio y, en consecuencia, su deficiente atención pudo provocar la muerte de varios pacientes.
En tanto, cinco personas se encuentran acusadas por la suscripción irregular de dos contratos para arrendar y readecuar las instalaciones del IGSS de Chiquimula.
