Juan Antonio Mazariegos G.
Esta semana la Corte Suprema de Justicia (CSJ) pasó el Niágara en bicicleta, cuando simultáneamente la magistrada Blanca Stalling perdió su inmunidad luego de la votación efectuada por el pleno de diputados al Congreso de la República y la magistrada Silvia Valdés fue desconocida por la Corte de Constitucionalidad como Presidenta electa de la CSJ y se ordenó la celebración de una nueva elección para dicho cargo.
Los señalamientos a los integrantes de la CSJ lamentablemente han sido muchos y no concluyen allí, desde el inicio, su proceso de elección a través de las ya famosas Comisiones de Postulación y posterior elección por el Congreso de la República han sido cuestionados, a tal punto que dentro de las reformas constitucionales al sector justicia que se encuentran en discusión en el Congreso, la eliminación de las Comisiones de Postulación se constituye en uno de los puntos principales del proyecto y los llamados a apoyar estas reformas se suceden bajo el argumento de que tal y como está el proceso actual, no es posible garantizar la independencia del Organismo Judicial.
No me cabe duda que los juristas que estuvieron involucrados en la creación de las Comisiones de Postulación, en su momento, vivieron necesidades similares, buscaron soluciones y pensaron que la única manera de garantizar la independencia del OJ de las huestes políticas, era el anteponer a las mismas a la academia, representada por las Facultades de Derecho y a la organización gremial representada por el Colegio de Abogados. Lamentablemente ni el gremio ni la academia resultaron suficientes para contener los intereses políticos y nada nos garantiza que la propuesta que finalmente llegue a una hipotética consulta popular pueda garantizar lo mismo, en tanto dependa la conformación de los nuevos órganos de electores de personas, vengan estas de donde vengan.
El Organismo Judicial, a mi juicio, sufre de dos enormes flagelos, por un lado, la Corte Suprema de Justicia ya no es tan suprema como su nombre lo indica, pues el uso y el abuso del recurso de amparo ha convertido a la Corte de Constitucionalidad en el verdadero poder del país, por otro lado, la conjunción de poderes judiciales y administrativos en un solo ente, como ocurre ahora con la CSJ, dota al otrora máximo tribunal del país de un poder administrativo que le permite incidir en los fallos de jueces de menor rango, lo cual supuestamente quedaría resuelto con la reforma, en el dado caso que las personas que lleguen a integrar los nuevos órganos no tengan intereses que nuevamente afecten la independencia del OJ.
Dotar de independencia al OJ, no se dará en tanto no se vea integralmente el problema, se ordene el uso de los recursos constitucionales y pensemos en Jueces de carrera, pero vitalicia, al estilo de otros países en donde los Magistrados que resultan electos saben que no hay un medio o un después y que pueden dedicarse a impartir justicia como único fin.
