Por Joseline Ayala
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El presidente de la Comisión de Probidad y Transparencia, Amílcar Pop, prepara una serie de denuncias debido a la conflictividad social que provoca el cobro del alumbrado público en el país por parte de la empresa Energuate. Según dijo, en unas semanas iniciará con una denuncia contra la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, seguido de una solicitud de amparo en contra del presidente Jimmy Morales.
Pop indicó que las denuncias se derivan del cobro que realiza Energuate a través de las facturas de energía eléctrica a pobladores que no tienen los recursos para realizar el pago, lo que a su criterio provoca conflictividad social en el país y por ese cobro «ilegal» habría solicitado al presidente Morales autorizar una intervención a la empresa.
La solicitud se realizó desde diciembre y de acuerdo a Pop, hay algunos funcionarios vinculados o un círculo de interés que no le permite al mandatario abordar el tema, por lo que solicitará un amparo por no atender el derecho de petición y por silencio administrativo.
Estamos preparando la documentación necesaria, al presentar la solicitud de intervención no obtuvimos respuesta por lo que en un plazo de dos semanas empezaremos a hacer las denuncias necesarias para exigir que se asuman las responsabilidades, explicó Pop.
Durante una citación a varios funcionarios, el congresista comprobó que una denuncia presentada por la Contraloría General de Cuentas (CGC) evidencia que al menos 130 municipalidades tienen relación con este caso de cobros injustificados.
Aseguró que el Ejecutivo aún no remite ninguna postura y que le ha delegado la responsabilidad a la Procuraduría General de la Nación (PGN) pero que ésta tampoco ha emitido un informe.
“El secretario general de la presidencia (Carlos Martínez) respondió negando sus facultades por lo que me preocupa que esté incumpliendo sus deberes pues fue a él a quien se le remitió la solicitud de intervención, tenemos que estudiar también qué hacer con eso”, declaró el presidente de la Comisión de Probidad.
Al año, la empresa cobra unos 240 millones de quetzales, en los que se incluyen unos 180 millones de quetzales que son producto de conexiones irregulares, que la empresa, factura a los guatemaltecos, según el legislador.
