Jorge Mario Andrino Grotewold
No se trata sólo de emitir los criterios con fundamentos subjetivos, sino de ver el árbol entero luego de que una rama está colapsando; no es de ver una ola grande, sino el horizonte con el mar completo que se tiñe de deficiencia, incapacidad y frustración para la sociedad guatemalteca.
Diferentes fallos de naturaleza “constitucional” han decepcionado a la sociedad honesta del país que enfrenta una serie de amenazas a su institucionalidad como Estado, hasta el colmo de poder evidenciar un Estado fallido. Este término, desagradable de por sí, por quienes juran defender el derecho y la justicia bajo cualquier premisa, era muchas veces no aceptado en su contexto político, pues había siempre un elemento de confianza en esa defensa democrática que significa la Constitución y el ordenamiento jurídico del país, aunque éste fuera débil y añejo. Esa confianza en la justicia y sus máximos exponentes, permitía reconocer que aunque existieran abusos y situaciones violatorias de una administración pública, bajo la subordinación del poder político (noticia vieja), la justicia, y en especial la Constitucional, estaba pendiente de resguardar esos derechos de la ciudadanía y del país como tal.
Ese modelo, pareciera agotarse en estos momentos, y podría esperarse una verdadera revolución del pópulus –pueblo- pacífica, pero enérgica, que alcance a demostrarle a sus administradores de poder, que no está dispuesto a permitir más deuda, más corrupción, más enriquecimiento ilícito, más injusticia y más pobreza, entre muchos otros.
Los recientes fallos, principalmente de una Corte de Constitucionalidad, pero no exclusivamente, pues hay otros fallos de naturaleza constitucional, pero emitidos por tribunales inferiores a la denominada “Corte Celestial”, han puesto de manifiesto los intereses particulares, políticos y perversos que sobre el Estado se tienen, y que por ello evidencia una ausencia de dignidad en los jueces y magistrados a quienes se les delegó esa gran responsabilidad.
Y que por favor no salga de nuevo el Presidente de la Corte de Constitucionalidad indicando que sus fallos “no se comprenden”, como que se alegara ignorancia de la materia. Porque su accionar no ético no tiene justificación, aunque con gusto habría disposición para debatir teoría y práctica constitucional sobre sus fallos, si se atreven los magistrados.
Los casos recientemente conocidos como la sentencia que favoreció a un exsuperintendente de Bancos acusado de mirar hacia otro lado mientras los ahorros de miles de guatemaltecos de perdían en un fraude bancario; o bien los amparos concedidos a una Vicepresidenta que ostenta un cargo al más alto nivel de un partido político y que exhibe esa ilegalidad en actos públicos con soberbia, luego de una resolución del más alto tribunal electoral del país; y recientemente, la negativa a declarar ilegal e inconstitucional un acto evidente del Congreso de la República al elegir a Magistrados de justicia, vulnerando plazos de ley y sin tan siquiera analizar sus hojas de vida o su accionar profesional, en la judicatura o en su despacho privado. O mucho menos escuchar los argumentos de quienes han dedicado tiempo y esfuerzo para conocer si estos candidatos propuestos tienen compromisos o no con grupos de poder, lícitos o ilícitos. Esas garantías, de las cuales hace mucho tiempo se perdió la confianza fueran detectadas por un poder político del Estado (Congreso de la República), aún permanecían en la justicia constitucional. Permanecían es un término preciso, porque pareciera que se evidencia a una Corte de Constitucionalidad comprometida con el poder político, en lugar de ser la defensa de esa democracia que Guatemala necesita.
Y la redundancia en la academia, cuando distintos profesores universitarios encuentran dificultad en explicar a sus estudiantes sobre el accionar de estos tribunales constitucionales versus la doctrina constitucional del “deber ser”, no puede más que advertirse que la justicia constitucional está simplemente en el ocaso.
