Alfonso Mata
Para entender a los políticos, es necesario describir los rasgos del paradigma político dentro del que se mueven. Ellos están convencidos que lo que los separa del saber y experiencia del pueblo, es una mejor observación que poseen de lo que conviene, una nueva visión de nación y de la vida. Lo triste es que en nuestra realidad, eso nada tiene que ver con equidad y oportunidad para la gente y en estos momentos se enfrascan (de hecho, siempre lo han estado) en una lucha apasionada contra todas las formas legales y judiciales que les veda esa visión. Los casos denunciados por la CICIG son particularmente ejemplos de propósitos y objetivos perversos realizados en el pasado en que se vieron envueltos funcionarios anteriores y actuales, motivados por un ego formado para conducir la cosa pública en su beneficio y no en beneficio de los que manda la ley.
Esta forma de comportarse y conducir la nación, conduce a dos distinciones fundamentales: Primero entre conocimiento judicial y jurídico y conocimiento ético y segundo entre naturaleza y persona humana.
La población desconfía sistemáticamente de los manejos de pruebas y evidencias que analizan los tribunales actuales, como lo demuestran una y otras vez las sentencias. Por lo tanto el trabajo de la justicia ante la población, se vuelve ilusoria. La CICIG se esfuerza denodadamente por demostrar la realización de actos y acciones de ilegalidad en que incurren funcionarios y particulares, que atentan y afectan el accionar del Estado, la sociedad y el orden institucional, pero la justicia se nos presenta estática e ineficiente, en su proceder y dictar autos.
Por otro lado, la naturaleza de lo político como sinónimo de lo permisible, como algo para conseguir, agarrar, dominar y controlar a mi antojo, afecta lo humano del hechor y el consentidor o colaborador, develando conductas descomprometidas y de libre albedrío que riñen con normas y valores institucionales y sociales.
Con base a esos supuestos, el hacer político nacional avanza a través de actos descomprometidos con la sociedad y libre de los rigores de normas y leyes, opuesta a la razón, certezas y cumplimientos inherentes a cargos y responsabilidades para unos y para otros: actores y hechores, quienes ante la experiencia, se excluyen de cumplimientos y responsabilidades.
CICIG y la PDH vienen luchando contra esa tesis, pero sus métodos han resultado imperfectos ante un sistema creado precisamente para completar satisfactoriamente y actuar impunemente entre las lagunas que el mismo permite.
En el proceso de administrar, conocer significa actuar, implementar cambios no sólo de personas sino de la forma en que se realizan actos y administran recursos. Conocer, como nos lo ha enseñado CICIG, significa indagar, clasificar para después determinar relaciones sistemáticas y lo hace, no sólo para enseñar, sino para cambiar, cosa que no hemos hecho. Ese trabajo está fundamentado en un conocimiento causal, que aspira a que se formulen cambios sobre determinantes que facilitan conductas y comportamientos anómalos, con vista a evitar y prever que estos se den y se eviten fenómenos y hechos delictivos. Esto es lo que falta por hacer, formular cambios, pero eso no es posible a través de los mismos y por consiguiente, no cabe esperar que resultados exitosos puedan producirse, independiente de los actores de cambio. La forma en que hasta ahora hemos tratado la situación, es una manera de persistir en la invarianza y provocar futuros hechos similares a los condenados hoy, ya que se sigue privilegiando el funcionamiento del sistema, independiente de cual sea el fin, repitiendo el pasado en el futuro de las condiciones sociales, jurídicas y políticas.
Es pues evidente que vivimos una confusión de realidades. Una de ellas, la política, bloquea el desarrollo de la segunda, la social y por otro lado en medio de ello, los guatemaltecos pecamos de una haraganería mental, emocional y capacidad para actuar y valorar suficientemente el asunto. Es la complejidad que resulta de la irrealizable participación enérgica y ordenada política y social, lo que facilita una práctica perversa que ocasiona dificultades insuperables a la justicia, bajo condiciones de existencia inamovibles. La verdadera realidad a romper, es una realidad dividida. Una vieja, en parte negada, falsificada, pero actuante y otra anhelada, ampliamente postulada, pero de existencia actual solo fragmentada y difusa.
