Por Douglas Gámez
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El 77.4 por ciento de los hogares guatemaltecos perciben inseguridad en la calidad y cantidad de los alimentos a los que tienen acceso, revela el noveno informe de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) al Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Conasan).
Según el documento, que será presentado mañana al Conasan, esa percepción se agrava en las comunidades rurales e indígenas en situación de pobreza.
“La disponibilidad (de alimentos) es uno de los ejes en continuo deterioro respecto de la seguridad alimentaria y nutricional, y el goce del derecho a una alimentación adecuada”, indica la PDH en el documento.
Para llegar a esa conclusión la Procuraduría cita un estudio del Instituto McGill para la Seguridad Alimentaria Global, así como datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Instituto Nacional de Estadística, entre otros.
“Esta percepción es de niveles más severos (hambre) en hogares en condición de pobreza, rurales e indígenas, con hijos(as) menores de edad, mayor hacinamiento y salarios más bajos”, puntualiza el documento.
Incongruencia en acciones
Además, la PDH considera que existe incongruencia entre las políticas gubernamentales, los planes de nación como K’atun 2032 y las acciones específicas para promover la seguridad alimentaria.
“Esto es así porque ha disminuido el presupuesto, personal contratado y familias atendidas en relación con la promoción del acceso a tierras, tecnología e insumos para los agricultores de subsistencia e infrasubsistencia”, argumenta la oficina de Derechos Humanos.
En total, la institución hace 37 recomendaciones a las 11 entidades involucradas en el Conasan.
El objetivo de la evaluación es verificar el cumplimiento del derecho a la alimentación de los guatemaltecos.
Darán seguimiento
German Gonzáles, secretario de Seguridad Alimentaria y Nutricional, indicó que recibieron el informe en diciembre, pero será en la reunión del Conasan cuando el procurador Jorge de León Duque presente las conclusiones a los integrantes de esa instancia.
Además, resaltó que por primera vez se conformará una mesa técnica de seguimiento al informe, la cual deberá velar por el cumplimiento de las recomendaciones.
González coincidió que existen varios aspectos en los cuales el país aún debe trabajar para asegurar el derecho a la alimentación. También lamentó que exista una reducción en los presupuestos de entidades estrechamente relacionadas a la atención de familias vulnerables o riesgo de inseguridad alimentaria.
“Nos preocupa la reducción que hizo el Congreso de la República a los presupuestos de Agricultura y Desarrollo Social; es una tendencia de los últimos tres años y es algo que complica la situación”, aseguró Gonzáles.
