Buenos Aires
DPA
La decisión de modificar a la categoría de feriado «movible» el Día de la Memoria, en el que se recuerda a las víctimas de la última dictadura militar argentina (1976-1983), volvió a enfrentar hoy al Gobierno argentino con referentes de organizaciones defensoras de los Derechos Humanos.
«Estamos hartos de este tipo de provocaciones», expresó la presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, publicó hoy el diario «Clarín».
Tati Almeyda, miembro de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, expresó al diario «Página/12» que la medida se trata de un «nuevo agravio de (el presidente argentino, Mauricio) Macri. Es tremendo y lo repudiamos totalmente».
En tanto, Graciela Fernández Meijide, integrante en la década del 80 de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), que relevó los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen militar, pidió al Gobierno que «revise» la medida porque, a su criterio, «no midió la sensibilidad» de su efecto.
«Creo que no lo han pensado suficientemente», agregó Fernández Meijide, madre de Pablo, secuestrado y desaparecido por represores de la última dictadura en octubre de 1976, en declaraciones a radio Mitre, de Buenos Aires.
Según un decreto firmado este lunes por el presidente Macri, el feriado correspondiente al Día de la Memoria no se conmemorará este año el 24 de marzo sino el 27.
Las modificaciones dispuestas por el Gobierno en el calendario de feriados también alcanzaron al 2 de abril, día en el que se recuerda a los argentinos que murieron durante la guerra que el país mantuvo en 1982 con el Reino Unido por la soberanía de las islas Malvinas.
El secretario de Derechos Humanos argentino, Claudio Avruj, justificó la medida del Gobierno al asegurar que de ese modo el 24 de marzo podrá ser recordado «con mucho más peso» en escuelas y reparticiones públicas.
«Que sea un día movible no da por tierra su significado sino que reafirma una posición de que el 24 de marzo es una jornada de profunda reflexión dedicada a la memoria y la educación», explicó Avruj también en una entrevista con radio Mitre.
Desde que asumió el gobierno, en diciembre de 2015, el gobierno de Macri mantuvo varios entredichos con los organismos de Derechos Humanos.
En agosto pasado, el mandatario protagonizó una polémica cuando dijo no saber cuántos desaparecidos hubo en la última dictadura militar, a la que calificó además como «guerra sucia».
«Es un debate en el que no voy a entrar. No tengo idea si fueron 9 mil o 30 mil. Es una discusión que no tiene sentido», consideró el jefe de Estado al portal estadounidense BuzzFeed.
Meses antes, el entonces secretario de Cultura argentino, Darío Lopérfido, aseguró que no eran 30.000 los desaparecidos y que ese número «se arregló en una mesa».
Los dichos de Lopérfido provocaron el rechazo de parte de organismos de derechos humanos, además de críticas de la sociedad en general. Finalmente, presentó la renuncia a su cargo como ministro, aunque se desempeña actualmente como director del Teatro Colón, la principal sala del país.
