Raúl Molina
La prisión preventiva decretada por una jueza competente para el hermano y el hijo del Presidente desgasta políticamente al gobierno, aún si se demostrara que él es totalmente inocente. Así le ocurrió a Michelle Bachelet, en Chile, cuando su hijo fue acusado de corrupción. La derecha chilena pidió de inmediato su renuncia, negándose a aceptar que ella no tuviera responsabilidad por los delitos o conocimiento de las acciones. Es cierto que así como hijos e hijas no son responsables de los actos ilícitos de sus padres, tampoco los padres son responsables de lo que terminan haciendo hijos e hijas, a menos que se peque de tolerancia o complicidad. Los hechos imputados ocurrieron en 2013, parte de la corrupción generalizada del gobierno del Partido Patriota. No está claro para qué sirvieron los fondos sustraídos, quedando la duda de si tenían también objetivos políticos. Es evidente que fue el Patriota una de las principales fuentes de apoyo para el FCN-Nación, lo cual se ocultó a la gente que pensó en castigar electoralmente a las huestes de Pérez y Baldetti. Algunos analistas sugieren que Jimmy renuncie, particularmente porque este caso lo golpea políticamente, en momentos en que la evaluación de su primer año de gobierno lo deja pésimamente parado.
Considero que la incapacidad del gobierno y los errores cometidos por el Presidente y el Vicepresidente son las razones de fondo para plantear su renuncia. Los laberintos son muchos. El origen del FCN-Nación muestra que se persiguen intereses de impunidad y fortalecimiento de estructuras militarizadas, creadas para la contrainsurgencia y utilizadas hoy para obtener poder político y económico. Con poco respaldo electoral, el FCN-Nación fue fortalecido con base al «transfuguismo», factor de la falta de representatividad y legitimidad de las y los diputados. Otro laberinto es la financiación de la campaña electoral, ilícita, que ha llevado a necesarios pagos de los favores recibidos. El Presidente participó directamente, de manera inconstitucional (aunque la CC lo ignore), en la designación de la Junta Directiva del Congreso y, más recientemente, el reparto de sus Comisiones y nombramientos. Quizás en otros tiempos la ciudadanía se hubiese tragado estas prácticas, también desarrolladas por otros gobiernos; pero resulta intolerable luego de haber sacado al Patriota justamente por el manejo autoritario y arbitrario del Estado. Existe el agravante de que este gobierno no tiene nada positivo que mostrar al concluir sus primeros doce meses. La conflictividad social aumenta, al no avanzarse en temas cruciales como la seguridad ciudadana, educación, salud, tierra y trabajo, seguridad social y atención a los migrantes.
El país sigue sumido en la violencia y la pobreza, lo que lo caracteriza como Estado fallido; las decisiones fundamentales se toman en Washington o la Embajada, lo que lo hace neo-colonia; y los intereses a los que se responde son del sector privado -incluida la ratificación de un convenio inconstitucional y lesivo a la clase trabajadora- y de otros «poderosos», entre ellos círculos militares y religiosos. Este enfermo no está para curitas y aspirinas; necesita cirugía mayor.
