Fernando Mollinedo C.
El año pasado fue rico en escándalos de corrupción gubernamental en que están involucradas importantes autoridades del país, sus familiares, amigos, amantes y concúbitos; hechos que avergüenzan e indignan a la población; los males no vienen solos, pues ello demuestra que la mayoría de personas que ejercen el Gobierno de Guatemala no conocen la cultura de la legalidad, aunque toda regla tiene su excepción.
Somos un país que se la lleva de legalista; hay leyes para todo, las revisamos no para conocerlas y cumplirlas, sino para saber cómo podemos evadirlas, darles la vuelta. Año con año se crean nuevas leyes en materia impositiva, administrativa y de toda índole; por ello, profesionales expertos ofrecen cursos bien remunerados para enseñar en los despachos y personal contable de las empresas por excelencia, las partes débiles o recovecos que tienen para evadir su cumplimiento.
¿Cuántos millones de millones de quetzales percibió la SAT por el ajuste hecho a las empresas ladronas? Perdón, quise escribir “evasoras” o “incumplidas” por un meritito “olvido de buena fe”. Lo anterior nos indica que no basta con promover reformas constitucionales, elaborar más leyes o crear nuevas instituciones, fortalecer las existentes o suscribir convenios con organismos nacionales e internacionales, si de parte del sector gobernante no existe una auténtica voluntad política para hacerlo con acciones medibles e inobjetables, tangibles que acrediten que realmente están dispuestos a combatir la corrupción gubernamental.
La corrupción en esencia –insisto– no es un asunto de leyes e instituciones, sino de voluntades y actitudes, puesto que las leyes existen, pero no son observadas ni por gobernantes ni por gobernados; contrario sensu, se evaden y con singular maestría les dan la vuelta para no cumplirlas.
La población tiene la percepción que durante el año 2016, la violencia e inseguridad se desbordó en los cuatro puntos cardinales del país, que el patrimonio, integridad física, la persona humana con su identidad están en riesgo todos los días, en cualquier lugar y hora, incluso en el interior de los hogares. Los espacios seguros parecen reducirse cada día más y más.
Además, la delincuencia creció en todas sus formas: desapariciones forzadas, homicidios, secuestros, extorsiones, asaltos, robos, corrupción e impunidad; lo que refiere al estado de ánimo de los guatemaltecos como enojados, con ira y sin sutilezas en buen chapín: “encabronados” con sus pasivas autoridades.
El informe de trabajo del primer año de gobierno, estuvo plagado de concepciones bonitas, augurios positivos para la economía y declaró un positivismo para lograr metas y objetivos que supuestamente beneficiarán a la población. Pero cada año es lo mismo: la misma paja, la misma mentira y siguen los mismos hueveos, los mismos desfalcos con la misma impunidad, el mismo descaro y desfachatez de los funcionarios que a puro huevo desean favorecer los intereses de transnacionales ¿entonces?
¿Cuántos funcionarios y empleados públicos en 2016 vendieron su alma, corazón y vida a intereses foráneos? Quién sabe.
