Edith González
Con angustia y sin esperanza, me llamó el cronista de San Martín Jilotepeque, doctor Miguel Ángel Carr, para informarme que el valioso documento que narra la historia de las migraciones de los grupos chajomaque que aparecen en el Popol Vuh como Akul Vinak y sus gobernantes, identificados luego como kakchiqueles que se cree es de 1555, y que se entrelaza con el de la colonia española, desapareció.
Se encontraba al resguardo del Archivo General de Centroamérica y hasta ahora ni ahí ni en otras dependencias culturales del país, conocen cómo se produjo este nuevo saqueo de la historia de Guatemala, tan especial, tan detallada, pero apenas cuidada y menos conservada.
Es importante para la configuración histórica de Guatemala, el documento desaparecido, pues entre otros detalles, marca lo que ahora conocemos como Mixco Viejo, capital de los kakchiqueles. Es un tema viejo, con noticia nueva. La depredación del patrimonio cultural en Guatemala, y las autoridades nada hace por evitarlo, y menos aún por la recuperación.
Se realizaron las consultas a las autoridades del archivo ente del Ministerio de Cultura y Deportes y nos encontramos con la sorpresa de los funcionarios consultados, quienes dijeron “no saber que el documento no estaba en su lugar…” ni en algún otro.
En el Ministerio de Cultura la respuesta fue típica: “investigamos los hechos…”, pero sin lograr obtener un contexto de la supuesta investigación que se supone se está llevando a cabo.
Más que preocupación, el doctor Carr siente como la historia de su San Martin Jilotepeque, en Chimaltenango, se pierde en alguna parte de la voracidad de los depredadores culturales, que por unos dólares, dejan a nuestros tercermundistas países sin los eslabones que marcaron nuestro pasado.
La cultura guatemalteca, la flora y fauna, son blanco de los depredadores, pero nadie en el país, se hace responsable. Existe una ley, enmarcada en el DECRETO NÚMERO 26-97, cuyo parte conducente dice:
“ARTICULO 44. Depredación de bienes culturales. (Reformado por el Decreto 81-98 del Congreso de la República). Al que destruyere, alterare, deteriorare o inutilizare parcial o totalmente, los bienes integrantes del patrimonio cultural de la Nación, será sancionado con pena privativa de libertad de seis a nueve años, más una multa equivalente al doble del precio del bien cultural afectado”.
Sí… existe la ley, pero la gran pregunta es ¿quién la aplica? Y debe quedar claro que no se cuenta con una adecuada, moderna y tecnológica seguridad en el Archivo General de Centro América, ni en la mayor parte de los centros de documentación histórica en Guatemala.
La pena del doctor Carr debería de ser de todos los guatemaltecos, y de la autoridad respectiva bajo tres principios: Cuidar el patrimonio, recuperarlo si es depredado, y darlo a conocer a todos los segmentos sociales del país. No son sólo los documentos históricos que nos roban, es nuestra historia, nuestra identidad, nuestra guatemalidad.
