Por J. SAINZ, A.ARCE y M. ALEMAN
MADRID / Agencia AP
La justicia salvadoreña lo condenó hace poco por asociación para delinquir pero hoy goza de plena libertad porque confesó ese cargo en virtud de un acuerdo al que llegó con la fiscalía.
El sacerdote dice que todas sus actuaciones tenían la bendición del gobierno y que lo dejaron solo después del fracaso de la tregua suscrita entre las dos principales pandillas que han azotado a El Salvador por años: la Mara Salvatrucha y Barrio 18.
Sea como sea, el caso Rodríguez subraya el gran alcance que tiene el crimen organizado en El Salvador y las denuncias que enfrentó muestran que la tregua que se quería alcanzar entre las pandillas fue un intento desesperado que redujo la tasa de homicidios durante un año.
La presidencia salvadoreña y el Ministerio de Seguridad no quisieron comentar sobre la labor del sacerdote, pero Rodríguez dice que tanto el presidente pasado, Mauricio Funes, como su Ministro de Seguridad y Justicia, Ricardo Perdomo, estaban íntimamente involucrados en la negociación de la tregua.
En una entrevista con The Associated Press, dijo que su labor era de servir de «gestor de paz», que actuó por encargo y bajo órdenes de Perdomo, y que el actual presidente, Salvador Sánchez Cerén, estaba al corriente de lo que sucedía y que estuvo de acuerdo con la forma como se dio el proceso.
Su condena a dos años y medio de prisión data del cuatro de septiembre y específicamente lo sentencian por gestionar la entrega de teléfonos celulares y tarjetas SIM a líderes pandilleros que están en la cárcel, pedir que se bajara la intensidad de los inhibidores de llamadas que impiden telefonear desde las cárceles y por solicitar otros beneficios penitenciarios.
Fue enviado a España donde goza de plena libertad y donde se entrevistó con la AP.
Rodríguez, de 37 años, justifica su culpabilidad argumentando que «la comunicación es importante para el control o la reducción de homicidios».
El pacto era simple: «si ellos se comprometen a bajar los homicidios es importante que gocen de beneficios como entrar a sus hijos (a la cárcel), tener visitas íntimas, acceso a comida del exterior para poder alimentarse, mejoras de sus derechos humanos», expresó a la AP.
Agrega que nada habría sido posible sin la aprobación del Ministro de Seguridad y el jefe de las prisiones. «¿Dónde están el ministro (Ricardo Perdomo) y el director de centros de penales (Rodil Hernández)?», preguntó en alusión a quienes estaban autorizados a permitir los ingresos de objetos en prisión, bajar los inhibidores y permitir traslados.
«Si hay tráfico de influencias, hay dos» en referencia a las autoridades a nombre de quienes negociaba, dice.
Sus afirmaciones están respaldadas por unas conversaciones telefónicas que fueron grabadas con los pandilleros encarcelados y que se filtraron al periódico «El Faro» hace unas pocas semanas. Rodríguez confirmó su autenticidad.
Las grabaciones están llenas de referencias a «los jefes». En una de ellas, Rodríguez le dice a Carlos Mojica, alias «El Viejo Lin», líder de una de las facciones de la pandilla Barrio 18, que «Sánchez Cerén ha dado orden de seguir con el proceso».
En otra, habla de transmitir una petición de cambio de prisión de uno de los pandillero «al mero-mero», a quien en otras ocasiones llama «el barbas», en aparente referencia a Perdomo.
La serie de las conversaciones telefónicas refuerzan la creencia generalizada de que el gobierno del Frente Farabundo para la Liberación Nacional, en cabeza entonces de Funes, hizo la apuesta de paz con las pandillas antes de las elecciones presidenciales de mayo de 2014 que a la postre ganó Salvador Sánchez Cerén también del FMLN.
En otra charla con «el Viejo Lin», Rodríguez le dice «si gana Arena (partido opositor) vamos de la patada, vamos mal. No hay posibilidad de que se sienten a ver cómo seguimos esto».
El sacerdote fue condenado como parte de un arreglo judicial: reconoció la comisión de algunos delitos para evitar ir a cárcel pero ahora niega haber entregado los teléfonos.
Pero en las grabaciones discute esos y otros detalles con enorme precisión.
—»Para el martes que viene, si me puede ingresar unos chips porque ahora no ando chips yo, ando los de otro compadre (sic)», le pide un líder pandillero preso.
— «Que me muevan eso y lo llevo para allá», responde.
—»Y necesito un teléfono, que el que tengo no sirve», insiste el pandillero.
—»Yo te lo saco», expresa el sacerdote.
Rodríguez también dice ahora que le mentía a los prisioneros y nunca les entregó nada porque en las requisas de seguridad los guardias le quitaban lo que llevaba.
En otra de las conversaciones el sacerdote le pregunta a otro pandillero, «¿a qué hora te bajo la intensidad?» en referencia a los inhibidores de llamadas.
El pandillero responde «de las 6 si es posible toda la noche, hasta tipo 12 o 1 de la noche, para hacer mover a la gente» a lo que el sacerdote contesta: «Yo te trabajo eso».
Pero, en realidad, muchos creen que con los teléfonos en prisión y la libertad para llamar fueron aprovechadas por los pandilleros para extorsionar a la población, una práctica común en el llamado Triángulo Norte: El Salvador, Guatemala y Honduras.
Según estudio reciente del Consejo Nacional de la Pequeña Empresa, el 79% de las pequeñas empresas en El Salvador son víctimas de las extorsiones. La mayoría no denuncia la extorsión a las autoridades. El mismo mes que Rodríguez comenzó sus gestiones, el entonces ministro Perdomo dijo que el 42% de las extorsiones se realizaban por teléfono desde el interior de los centros penales.
Un mes más tarde afirmó que, sólo en un mes, tres reclusos habían realizado más de 10 mil llamadas extorsivas y que un solo teléfono fue recargado con 2 mil 500 dólares en minutos de llamada.
Hernández, que fue ratificado por Sánchez Cerén como director de prisiones, no aceptó comentar los hechos con la AP.
El superior de Rodríguez en la orden Pasionista, Carlos San Martín, explica que esas conversaciones se hicieron «a solicitud del Ministro de Seguridad y (el sacerdote) como interlocutor».
Las relaciones de Rodríguez con los pandilleros, con quienes se trataban de «hermanos», eran de mucha cercanía. Ejercía de consejero matrimonial para los encarcelados, gestionaba visitas de a la prisión fuera de los horarios previstos e, incluso, acompañaba a la suegra de un pandillero al médico.
También les redactaba algunos de los comunicados públicos sobre la tregua. En una conversación le dice a un pandillero que escribió uno de ellos «en cinco minutos».
«Me salían las palabras como si fuera Jesucristo el que escribía», se le oye decir en una de las grabaciones. «Ya casi lo tengo hecho pero tengo que medir las palabras», se ríe. «No vaya a ser que se me vaya una españolada y se note que soy yo».
El Fiscal General, Luis Martínez, afirmó que «en la relación que tenía el padre Toño con estos delincuentes, nunca pidió por la paz, ni les pidió que no asesinaran, que no extorsionaran».
En El Salvador hay unos 70 mil pandilleros activos, según las autoridades locales. Controlan con casi total libertad muchos barrios del país a través de la intimidación, la amenaza y el asesinato.
Según cifras oficiales, durante el período en que tuvieron lugar la tregua entre pandillas y la negociación con el gobierno, de 2012 a 2013, los homicidios se redujeron en un 50%. Pero cuando Rodríguez sustituyó a los mediadores originales, el ex comandante guerrillero Raúl Mijango y el obispo castrense Fabio Colindres, la tregua ya estaba descomponiéndose.
«Si ellos se comprometen a bajar los homicidios es importante que gocen de beneficios como entrar a sus hijos (a la cárcel), tener visitas íntimas, acceso a comida del exterior para poder alimentarse, mejoras de sus derechos humanos”.
CONSEJO DE SEGURIDAD
El presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, presentó esta semana el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia (CNSCC), integrado por múltiples sectores sociales y que impulsará acciones y estrategias para combatir la delincuencia y la violencia en el país.
El Salvador es considerado uno de los países más peligrosos del mundo debido a una fuerte presencia del pandillerismo y el narcotráfico. Su tasa de homicidios es mayor al 40 por cada 100 mil habitantes.
«Esta iniciativa pretende reforzar la cohesión social, incrementar la confianza entre la ciudadanía para la prevención de la violencia; e influir de forma positiva en la calidad y competencia de las instituciones para mejorar los sistemas de justicia y la aplicación de la ley», aseguró Sánchez Cerén en la puesta en práctica del CNSCC.
El presidente también añadió que el CNSCC será «un espacio de diálogo democrático para construir consensos y articular acciones entre el Estado y los sectores sociales» para «ejecutar intervenciones integrales que fortalezcan la seguridad ciudadana, reduzcan los niveles de violencia y frenen el crecimiento de la delincuencia en los territorios».
El CNSCC está integrado por representantes del sector empresarial, iglesias, el sector municipal -a través de la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (COMURES)-, partidos políticos, personas con capacidad y experiencia en el tema de seguridad, medios de comunicación, titulares o representantes de distintas carteras de Estado y la Fiscalía General de la República (FGR).
Igualmente, el consejo cuenta con el apoyo de una Secretaría Técnica que integran el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE).
Al respecto, el representante del PNUD, Roberto Valent, detalló que el nuevo organismo es «un mecanismo de asesoría para la coordinación e impulso de la acción colectiva en función de resolver la problemática de la inseguridad, la violencia y la criminalidad en el país».
«Se propone desencadenar energías, activar voluntades, apoyar la identificación y acompañar la coordinación de acciones prioritarias y urgentes, orientadas a remover de forma sostenible y permanente las causas y los efectos de la violencia en las comunidades», enfatizó Valent.
«En particular, proporcionará insumos para enriquecer las políticas y planes nacionales de justicia, seguridad ciudadana y convivencia; propondrá acciones y soluciones que viabilicen su implementación; dará seguimiento a las políticas, emitirá opinión sobre su ejecución y contribuirá a identificar mecanismos de financiamiento de las políticas y de los planes», agregó finalmente el diplomático.
