POR REDACCIÓN
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El juez Mynor Motto, titular del Juzgado Tercero de Instancia Penal, dictó el sobreseimiento a favor de Édgar Arnoldo Medrano, exalcalde de Chinautla, por los delitos de peculado por sustracción y asociación ilícita, al tiempo que le otorgó arresto domiciliario en el caso conocido como “Vivienda digna”.
La resolución de Moto también modificó el delito de abuso de autoridad que inicialmente le imputaba el Ministerio Público (MP) por pacto colusorio, y lo benefició con una fianza de Q75 mil.
Además, el Juzgado también cerró la investigación contra los otros miembros del Concejo Municipal que se encontraban acusados por incumplimiento de deberes y asociación ilícita.
Ayer era el último día que el juez Moto cubría el caso “Vivienda digna” por motivo de vacaciones del Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal, órgano contralor del expediente.
En horas de la noche, el MP anunció que la Fiscalía contra la Corrupción apelará la resolución dictada por Moto que favoreció al exjefe edil.
DESGASTE EN LA IMAGEN DEL OJ
Oswaldo Samayoa, del Centro de Estudios de Guatemala (CEG), opina que este tipo de resoluciones generan una percepción social de que se está generando impunidad a favor de personas que han ostentado altos cargos.
Asimismo, el entrevistado señala que resoluciones como la de ayer desgastan la imagen y credibilidad del OJ y cuestionan la independencia de los jueces.
“El contexto del 2015 es de presión social para todos aquellos funcionarios que puedan estar señalados de casos de corrupción”, opinó Samayoa, por lo que las resoluciones de los jueces deben estar apegadas a derecho, destacó.
INVESTIGACIÓN
El MP acusaba a Medrano de impulsar un proyecto denominado “Vivienda digna”, mediante el cual se construirían 200 casas por un monto de Q10 millones.
Según las pesquisas, la municipalidad, sin previo aviso, cambió el nombre del proyecto a “techo mínimo”, y cambió las especificaciones de las viviendas a construir.
Finalmente, se ejecutó un proyecto de construcción de 899 viviendas “tipo galera”.
Los informes de auditoría de la CGC dan cuenta que se defraudó al Estado por Q3 millones 189 mil 527, aproximadamente.
