Río de Janeiro
DPA
Al menos 33 personas murieron en una nueva matanza en una cárcel brasileña, sólo cuatro días después de una masacre que dejó 56 muertos en otra prisión, según informaron hoy fuentes oficiales.
La nueva revuelta tuvo lugar en la localidad de Monte Cristo, en el estado de Roraima en el norte del país, según informaciones de la Secretaría de Estado de Justicia y de la Ciudadanía brasileña citadas por el portal «Globo».
La situación en la Penitenciaria Agrícola de Monte Cristo (PAMC) de Roraima estaba ya bajo control del Batallón de Operaciones Especiales (BOPE) de la Policía Militar esta mañana, señaló el comunicado. El motín se produjo en la madrugada (hora local).
Según el diario «Estado de Sao Paulo», el secretario de Justicia de Roraima, Uziel de Castro Júnior, atribuyó lo ocurrido al Primer Comando de la Capital (PCC), el poderoso grupo criminal que había sido la principal víctima de la matanza de Año Nuevo en Manaos.
La mayoría de muertos estaban decapitados y descuartizados, a otros les habían arrancando el corazón, según citó «Estado» a De Castro. La mutilación de los cadáveres es considerada en Brasil tradicionalmente como una marca del proceder del PCC con sus víctimas.
El propio diario «Estado» publicó hoy informaciones sobre posibles planes de represalias del PCC contra la Familia del Norte (FDN), la banda criminal del estado de Amazonas a la que le atribuye la matanza de Manaos, debido aparentemente a disputas externas por el control de las rutas del narcotráfico en Brasil.
También en la masacre ocurrida durante unas 17 horas entre el día de Año Nuevo y el 2 de enero en Manaos se encontraron cadáveres sin cabeza y brutalmente descuartizados.
Los investigadores creen que la riña es parte de una disputa mucho mayor entre el PCC, originario de Sao Paulo y considerada como la primera organización criminal de Brasil, y el llamado Comando Vermelho (Comando Rojo, CV), una poderosa banda que controla el tráfico de drogas sobre todo en Río de Janeiro.
El PCC y el CV rompieron el año pasado una alianza que tuvieron durante décadas y se han atacado ya mutuamente en los últimos meses. Otra masacre carcelaria con una veintena de muertos ocurrida en octubre fue atribuida entonces a la organización paulista.
La FDN, que controla el tráfico de drogas en la región de Amazonas, es vista como aliada del CV.
La masacre de Manaos conmocionó esta semana a Brasil y generó un fuerte debate público sobre la pésima situación de sus cárceles, donde los presos conviven hacinados y se registran altos índices de violencia.
La organización Human Rights Watch (HRW) reclamó esta semana al Estado brasileño que retome el control de los penales del país.
«Brasil necesita arrebatar de manos de las facciones criminales el control de sus prisiones y garantizar la seguridad de todos los presos», señaló el grupo en un comunicado. «En las últimas décadas, las autoridades brasileñas abdicaron gravemente de sus responsabilidad de mantener el orden y la seguridad en los presidios», agregó.
El Gobierno de Michel Temer anunció ayer un Plan Nacional de Seguridad Pública que prevé entre otras cosas la construcción de más penales de alta seguridad para separar en ellos a los cabecillas de bandas criminales y la instalación de bloqueadores de señal de telefonía móvil.
Sobre todo al PCC, que nació en los años 90 dentro del sistema penitenciario de Sao Paulo, se le atribuye una fuerte presencia en las cárceles. La organización se dedica sobre todo al tráfico de drogas, asaltos y extorsiones y opera en varios países de Sudamérica.
Brasil tiene la cuarta población carcelaria más grande del mundo por detrás de Estados Unidos, China y Rusia. Las cárceles del país más grande de América Latina, sin embargo, sufren de un grave problema de superpoblación, con más de 622 mil presos y una capacidad oficial de 371 mil 884 personas, según los últimos datos publicados.
