POR KIMBERLY LÓPEZ
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Expertos en estudios fiscales criticaron la política del presidente Jimmy Morales, respaldada por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y el Ministerio de Finanzas, de otorgar reducciones fiscales a personas individuales o empresas que hicieran la petición al mandatario.
Según el analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), Abelardo Medina, considerando la situación tributaria del país, Morales debió abstenerse del uso de la facultad constitucional de exonerar multas e intereses tributarios, pues aunque la disposición del mandatario esté dentro del marco legal, no deja de ser ilegítima y opaca que desvirtúa los esfuerzos de la SAT, aseguró.
Sin embargo, ante las críticas a esta política, el Intendente de recaudación tributaria, Abel Cruz, argumentó que de manera conjunta llegaron a la determinación de implementarla como una política interna porque la Constitución le da potestad al Presidente pero no se admitirían casos de contribuyentes que tuvieran algún proceso jurídico económico coactivo.
COYOY: “NO ES JUSTIFICABLE”
De esa cuenta, la decisión es que todo el que pida la reducción a Morales la recibirá. Esa medida, a decir del economista Erick Coyoy, no fortalece de ninguna forma la ampliación de la base tributaria sino que mina con el principio de igualdad y justicia tributaria y afecta la moral tributaria de quienes sí han cumplido a cabalidad con el pago de impuestos y multas.
“No contribuye al fortalecimiento de la cultura fiscal en el país, todos tenemos obligación de pagar impuestos y no hay razones para pensar que algunos contribuyentes obtengan beneficios después de no pagar, no es justificable”, dice Coyoy.
Tanto Medina como Coyoy, sostienen que a juzgar por el momento en que el país se encuentra, en un esfuerzo de levantar la moral tributaria no se justifican este tipo de medidas y de ninguna forma son de beneficio para la base tributaria ni para agilizar la recaudación.