POR MARIELA CASTAÑÓN
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Autoridades desconocen si menores fueron víctimas de violencia sexual
Según la Secretaría de Bienestar Social (SBS), del año 2012 al 2016, atendió 102 casos de niñas y adolescentes migrantes, menores de 18 años, quienes fueron retornadas a Guatemala en estado de gestación. La SBS desconoce el origen de esos embarazos, es decir, si las niñas se fueron del país así o si en el trayecto para llegar a Estados Unidos fueron víctimas de violencia sexual; sin embargo, los abusos en contra de mujeres migrantes son comunes y anticipándose a ello muchas menores toman anticonceptivos antes de dejar el país.
Las autoridades no tienen certeza del origen de los 102 embarazos en niñas y adolescentes retornadas a Guatemala, porque según Antonio Aguilar, jefe de Programas no Residenciales de la SBS, solo le corresponde proporcionar abrigo a las menores de edad; es la Procuraduría General de la Nación (PGN) la entidad que inicia las diligencias pertinentes cuando sospecha que ha existido un delito. (Lea el recuadro Los 102 embarazos en niñas y adolescentes).
«En el sistema de protección, la Secretaría es solo una de las instancias que tiene actuaciones y mandatos específicos. Nosotros somos los encargados de brindar esa atención primaria humanitaria cuando ellas vienen, pero los casos donde hay una posible vulneración, no podemos determinarlo en su momento. Se trasladan a la PGN que es la responsable de dar seguimiento al caso con el Juzgado pertinente y el juez es el que dicta las medidas y las instancias que deben incorporarse, por ejemplo, el Ministerio Público (MP) con las unidades especiales y la misma PGN. Ese proceso -de investigación- no lo conocemos, solo es la atención de las niñas», explicó Aguilar.
De acuerdo con el jefe de Programas no Residenciales, cuando las niñas vuelven al país, son acogidas en los albergues de protección, donde existe un protocolo institucional que trabaja en conjunto con el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) para brindarles atención primaria.
«Se les brinda el apoyo. Por supuesto, si están embarazadas es una atención más especializada y priorizada para escucharlas. La atención médica es fundamental y para eso nos ayuda Cruz Roja Internacional, con quienes tenemos un convenio. Ellos se focalizan en nuestros albergues y les dan esa atención primaria, y por supuesto, se informa a la PGN. Se les proporcionan alimentos, que es una atención básica, es lo primero que se les da cuando se les recibe, y su contención emocional, que dura el proceso de repatriación. La PGN determina el procedimiento para que inicien los traslados y mecanismo de protección», refirió.
El representante de la SBS dijo que las niñas regularmente llegan con frustración por no llegar a Estados Unidos y con mucha ansiedad para reunificarse con sus familiares.
De acuerdo con Aguilar, cuando el juez conoce el caso de una de estas niñas, inicia un proceso de protección y le ordena a la PGN que inicie un proceso de investigación para que encuentre recurso familiar de la niña y considere si la debe enviar o no a su hogar. En la mayoría de casos se busca la reintegración familiar, pero si se sabe que existe un agresor que provocó el embarazo de la menor de edad, no se devuelve a su entorno, sino que se mantiene en un hogar de protección público o de la SBS, según la resolución del juez.
«Nosotros tenemos un programa de atención especial residencial para víctimas de violencia sexual con enfoque de género, donde tenemos niñas con estas situaciones, donde se les proporciona toda esta atención especializada integral: médica, psicológica, social, alimenticia, todo lo que ellas necesiten. Este hogar está ubicado en Quetzaltenango», indicó el funcionario.
La Hora buscó a la Procuraduría General de la Niñez de la PGN, para conocer más información de los casos que ha documentado en conjunto con la SBS, pero al cierre de este reportaje y después de insistir constantemente, no fue posible obtener una respuesta.
En tanto, la Fiscalía contra la Trata de Personas del Ministerio Público (MP), que conoce algunas investigaciones sobre las estructuras de traficantes de personas, destacó que la PGN no ha remitido ningún caso relacionado con embarazos en niñas y adolescentes, víctimas de violencia sexual en tránsito.
¿AUSENCIA DE EDUCACIÓN SEXUAL O VIOLACIONES?
De acuerdo con Justo Solórzano, especialista de Protección de Unicef, el retorno de niñas embarazadas y retornadas podría obedecer a varias causas, por ejemplo, a la falta de educación sexual, a la violencia sexual en tránsito o a que las menores de edad huyeron por las violaciones a las que fueron sometidas en su propio entorno.
«Hay muchas niñas que van embarazadas y eso tiene que ver con el tema de educación sexual. Hay muchos adolescentes que se van a buscar trabajo porque han dejado embarazada a la novia. Son adolescentes que van a Estados Unidos o México para enviar remesas a la novia o a la familia donde dejan a la joven. Los adolescentes varones también van por eso. En este país hay 170 adolescentes diarias que quedan embarazadas, esa cifra es muy alta y muchas de ellas se van a Estados Unidos en estado de gestación», refirió.
Solórzano explicó que existen otros riesgos para las adolescentes migrantes, como las violaciones sexuales, pues incluso se sabe que muchas de ellas, al igual que mujeres adultas deben tomar pastillas anticonceptivas antes de salir del país, porque saben lo que puede ocurrir en el trayecto.
«Los riesgos de la migración son muy altos, muchas adolescentes y mujeres están siendo víctimas de violencia sexual en el camino. Sabemos de casos donde las adolescentes y las mujeres toman pastillas anticonceptivas antes de su viaje porque saben que van a ser víctimas de violación sexual, lo cual es una situación grave y terrible. En muchos casos la violencia sexual puede ocurrir en Guatemala, México o Estados Unidos y para eso existen los mecanismos de protección internacional; para eso, cuando una adolescente migrante o un niño o niña ha sido víctima de violencia, el país en donde está el niño puede pedir protección y merece protección, igual en Estados Unidos», indica el especialista de Unicef.
De acuerdo con el entrevistado existen otros casos en los que la niñez huye por la violencia sexual de su entorno.
«Cuando los niños huyen por violencia sexual, porque no encontraron una respuesta más que los institucionalicen, y cuando por los altos niveles de impunidad el niño o la niña va huyendo de la violencia o agresión sexual, en este caso, los niños pueden pedir en Estados Unidos o en México un asilo de protección internacional. Esto da un procedimiento especial en donde los Estados le dan protección internacional a las personas que están huyendo de violencia extrema», indicó Solórzano.
El representante de Unicef agregó que el gobierno de Guatemala debe hablar seriamente con el gobierno de México y Estados Unidos, para encontrar la forma de proteger mejor a estos niños y niñas.
Solórzano aseguró que es difícil decirles a los menores que no migren cuando no existen oportunidades educativas, laborales, de desarrollo cultural y profesional, o cuando su familia se encuentra en Estados Unidos.
7 MIL 586 CASOS DE NIÑEZ RETORNADA
Una investigación del Organismo de las Naciones Unidas para la Migración (OIM) detalla que de enero a noviembre del año 2016 se reportaron 7 mil 586 niños y niñas no acompañados retornados de México y Estados Unidos.
De la estadística, el 77.6 por ciento, es decir 5 mil 887, correspondía a niños y el 22.4 por ciento, correspondía a 1 mil 699 niñas.
Los datos reflejan que las y los menores de edad retornados de México fueron 7 mil 422 y de Estados Unidos, 162.
De acuerdo con la información obtenida por OIM a través de la SBS, las principales motivaciones para que la niñez migre son: un empleo, la reunificación familiar y la educación.
El año pasado, las estadísticas indicaban que 8 mil 969 niños y niñas fueron retornadas en el mismo periodo de tiempo de México y Estados Unidos.
Jorge Peraza, jefe de Misión de OIM, dijo a La Hora que existen varios riesgos para la niñez y adolescencia, ya que puede sufrir violencia sexual, puede ser captada por redes de trata de personas en la modalidad de mendicidad en México o bien en explotación laboral; también persisten las amenazas de secuestros.
El jefe de la OIM afirmó que cuando una niña es retornada al país en estado de gestación, el Estado debe movilizar a todas sus instituciones para que conozcan las causas de estos embarazos.
«Se tiene que priorizar el interés superior de la niña o el niño, el acompañamiento es clave para atenderlos. Justamente la violencia intrafamiliar conectada con violencia sexual es -una de las causas- por la cual migran estos niños. Existen mecanismos científicos que permitirían -conocer- el tema de la paternidad, pero siempre respetando el interés superior -de los niños-. Hay una responsabilidad de no dejar a la niña sola una vez se ha identificado la causa por la que está embarazada, requiere un acompañamiento psicológico. Sabemos que en la ruta migratoria hay violación sexual como instrumento incluso de represión, de poder, es contante», enfatizó.
HASTA US$12 MIL POR TRÁFICO DE UN MIGRANTE
La Fiscalía contra la Trata de Personas del MP desarticuló este año tres estructuras de traficantes de personas, entre estas una banda regional que delinquía en Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Panamá.
Alexander Colop, jefe de esa Fiscalía, explicó que las estructuras de coyotes o traficantes están organizadas y cada miembro juega un rol específico. En tanto, la modalidad de traslado ha cambiado.
«En la Fiscalía se han trabajado de manera estratégica los casos que hemos llevado en relación al tránsito ilegal de personas. Derivado de estos llevamos casos de estructuras donde operan determinadas personas, cada quien con su rol. Dentro de la experiencia que nosotros hemos podido adquirir, el mayor porcentaje que se dedican a enviar personas ilegalmente a Estados Unidos, se ve que ya no se trasladan las propias personas con el grupo que va, sino que es a través de contactos», refirió.
Colop dijo que en México los traficantes requieren la autorización de uno de los grupos de narcotraficantes para realizar el traslado de los migrantes y dependiendo de con quien hacen alianzas, toman una ruta específica para llegar a Estados Unidos; la migración estaría vinculada con los grupos de narcotráfico.
«Depende con qué cartel han establecido la guía: El Golfo o Los Zetas, toman la ruta que es por la parte del Atlántico que es por el desierto y la otra parte es por el Pacífico, pero todos tienen que tener su autorización», enfatizó.
Según el jefe de la Fiscalía contra la Trata, los migrantes -adultos y niños- que provienen del Triángulo Norte de Centro América deben pagar hasta US$12 mil para llegar a Estados Unidos, mientras que los ciudadanos africanos pueden pagar hasta US$25 mil.
«De US$7 mil a US$12 mil pagan los migrantes guatemaltecos, hondureños y salvadoreños; los extracontinentales, US$25 mil. El flujo de migrantes es incalculable porque en una estructura que trabajamos, donde pasaban guatemaltecos, hondureños salvadoreños en Ocós -San Marcos-, eran unas 15 a 25 personas que pasaban por semana. Esas cantidades la cobran porque pasan por Guatemala, México y se va fraccionando; cada estructura se queda con cierta cantidad», dijo el profesional.
A criterio de Colop, el Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte podrá institucionalizar acciones para atender el tema de las migraciones irregulares.
