Por Joseline Ayala
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El diputado Álvaro Velásquez presentó ayer una iniciativa para legalizar la comercialización, producción y consumo del cannabis con fines medicinales, una medida que buscaría combatir el narcotráfico, pero el panorama le depara poco futuro a la propuesta.
El analista de seguridad y justicia del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), Edgar Celada, asegura que con los diputados que integran el Congreso no tendrá mayor espacio a la propuesta debido al “conservacionismo”.
“La propuesta va encaminada en la dirección correcta, pues pretende descriminalizar algo que afecta a muchas partes en el país, recordemos que el negocio del narcotráfico tiene auge y genera ganancias por la ilegalidad”, explica.
Enumera que si en Guatemala se legalizaran algunos aspectos, se reduciría la violencia que genera el negocio además de proteger a los consumidores y de identificarlos para brindarles acompañamiento y seguimiento.
“Ahora podría ser el momento para el país para entrar en estas disposición que le daría el control a las autoridades sobre el tema y además pondría al país en mejores situaciones de seguridad y violencia pero el dominio del sector conservador es notorio y no está en la disposición de aprobar esto”, dice Celada.
MODIFICACIONES
“La propuesta del ‘cannabis dos’ propone una acotación sobre la primera propuesta de regulación del consumo del cannabis y en base al dictamen desfavorable de la Comisión de Salud, ellos indican que sí hay posibilidad de explorar el tema con fines medicinales por lo que volvemos a proponerlo” aseguró Velásquez.
El diputado afirma que con esto se autorizaría la producción y comercialización en farmacias y el consumo en pacientes y distribución por medio de profesionales colegiados como médicos generales, especialistas, psiquiatras y psicólogos.
“Esta es una versión socialmente aceptable y mundialmente discutible porque así está ocurriendo que si hay resultados de los beneficios del uso medicinal, terapéutico y científico”, informó.
Al aprobar la iniciativa, se estaría fijando un impuesto del 10% sobre el precio, con un 50% de lo generado destinado al sistema hospitalario y el otro 50% para la prevención y rehabilitación en los casos de adicción de drogas.
