El gobierno actual encabezado por Jimmy Morales y Jafeth Cabrera, parece que se ha concentrado más en cuánto puede estirar la paciencia de la gente en lugar de haber comprendido que las expectativas, al menos de algunos, están centradas en transformar la forma de hacer política en el país, establecer el Estado de Derecho, imponer la lucha contra la corrupción y derrotar los muros de la impunidad a pesar de los enemigos tan grandes y declarados que se enfrentan.
Ahora quieren que, confiando en el Presidente y su criterio, nadie pregunte a quiénes les dieron las exoneraciones fiscales. Es cierto que así se hizo en el pasado, pero también es cierto que ya no estamos dispuestos a que siga siendo de esa manera. No es dinero de Jimmy Morales o de sus parientes. Es dinero que correspondería al erario y por ello se tiene la necesidad de conocer cómo y a quién se le otorgó ese beneficio.
Recordemos que Jimmy Morales es fanático de las reuniones a puerta cerrada y espera hasta ser sorprendido para mandar a su ilustre vocero a intentar engañar a la población. Eso ha sucedido con TCQ (30 millones de dólares en coimas), con la Junta Directiva del Congreso en la Finca Santo Tomás, en el viaje con toda la parentela a Israel, con el investigado Sammy Morales entrando a reuniones de Gabinete.
Con pena recordamos también cuándo Morales dijo que era complicado ejecutar los fondos del Estado porque las normas de transparencia eran demasiado complicadas. O sea que gastar con observancia de los detalles de transparencia, es un impedimento.
Por otro lado, recordemos que se tiene una política diplomática que es un laberinto. El gobierno de Jimmy Morales mantiene de Canciller a quien le ha tocado impulsar el cese de la CICIG antes del Caso “La Línea”, para luego dar marcha atrás cuando se conoció dicho Caso, para posteriormente volver a la agenda doble cara de pedir limitaciones por la “injerencia” internacional. A finales del 2014 la CICIG había propuesto el diálogo para la reforma al sector justicia a manera de diálogo intersectorial y fue el canciller, Carlos Raúl Morales, quien obligó a que se diera marcha atrás el mismo día en que empezaba. Ahora, el canciller de Pérez y Baldetti así como de FCN-Nación, vienen a “declarar categóricamente” su apoyo a la lucha contra la impunidad. Es una pena esa doble cara.
En fin que la transparencia y la honestidad no es parte de este gobierno y ya va siendo hora que se les vuelva a recordar qué es lo que la sociedad espera.
