POR GRECIA ORTÍZ
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Juan Castro, de la Asociación de Abogados y Notarios Mayas, ha sido testigo de la efectividad de la justicia indígena en varias comunidades del país, por lo que considera que la negativa del Congreso a reconocer la jurisdicción de las autoridades ancestrales tiene que ver con el racismo estructural presente en toda la sociedad, más que con un razonamiento jurídico.
¿Cómo se percibió lo sucedido en el Congreso respecto a la discusión de las reformas constitucionales, precisamente sobre el artículo que se refiere a la justicia indígena?
De parte de las autoridades ancestrales es una frustración en el contexto de la coyuntura política porque aparentaba que había condiciones para que finalmente se reconociera en la Constitución la jurisdicción indígena. Las autoridades tienen claro que, con reformas o sin reformas, de todas formas la jurisdicción indígena sigue siendo parte de la realidad guatemalteca que se ha venido ejerciendo y hay sentencias de la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad que reconocen el derecho de las autoridades y de la justicia, entonces seguirán ejerciéndolo.
¿Qué opinión tiene de la falta de consenso entre los diputados para reconocer la justicia indígena?
Lo que pasa es que finalmente los organismos de Estado generan diálogos con el pueblo y son mensajes que se envían. No sorprende tanto porque hay cerca de 14 iniciativas que tienen que ver con derecho a pueblos indígenas y ninguna ha pasado en los últimos diez años. Entonces, me atreveré a decir que la única ley que favorece a pueblos indígenas de una forma integral después de los Acuerdos de Paz es la creación de la Academia de Lenguas Mayas, de ahí no hay nada esencial para pueblos indígenas.
¿A qué se debe?
Eso evidencia un racismo estructural y desde las reformas de 1999 ya hubo un mensaje del Estado. Ahora, otra vez estamos viendo eso que los congresistas no representan a la mayoría, que son los pueblos indígenas; responden a sus intereses, porque para ellos sí legislan. Porque ¿cómo se explica que una Ley de Maquilas sí pase en 24 horas? o ¿cómo se explica que una Ley Tigo pase de urgencia nacional?
Pero la Ley y un artículo que tiene que ver con la mayoría, que son los pueblos indígenas, es altamente cuestionada y genera muchos miedos y nuevamente se plantea ese viejo argumento de que esto divide al país, el Congreso es un retrato social y reflejo de que existe un racismo profundo en el Estado de Guatemala.
¿Se puede decir que con el tema de las reformas el país está dividido?
Sí, pero siempre ha estado dividido y como lo dijo el PDH, Jorge de León: nos divide la pobreza, el modelo económico que está al servicio de unos cuantos y no de la mayoría que quedamos excluidos de eso, por supuesto que hay divisiones del país, pero no tienen que ver con la justicia indígena.
¿Se puede decir que existe desinformación respecto al tema del derecho indígena?
Lo que pasa es que hablar de la jurisdicción indígena o del pluralismo jurídico no implica una formación, eso no se enseña en las universidades. El derecho indígena hasta hace unos años se implementó en la Usac, pero en las universidades privadas no lo consideran parte del sistema jurídico y del sistema de derecho.
Es decir, de abogadas y abogados, salen con una lógica de derecho occidental, no conocen en absoluto el derecho indígena. Entonces, tenemos fiscales, jueces, defensores públicos y abogados litigantes que no tienen idea de que funciona, nos consideramos autoridad para hablar de lo que no sabemos.
¿Por qué cree que no se enseña ni se informa sobre derecho indígena?
En algunas partes es por desconocimiento. Por ejemplo, los linchamientos son un fenómeno social totalmente distinto a la justicia indígena, ahí no hay consenso, no hay asamblea. Los linchamientos suceden en distintos lugares, hasta en la misma ciudad ha habido linchamientos ¿no?, lo que quiero decir es que esto es totalmente ajeno a la forma de vida de los indígenas que buscan restablecer la armonía y la paz en las comunidades y el linchamiento no tiene ningún lugar en este sistema jurídico.
Es de mala fe que casualmente toman un linchamiento que pasa en algún lugar y que lo quieren asociar a la jurisdicción indígena. Era para crear rechazo y, de hecho, en algunos programas de televisión hablaban con total certeza de que eso era el derecho indígena.
Ojalá mucha gente se interese en escribir, publicar y entender este tipo de justicia que está ahí, que no solo es Guatemala, también en muchos otros países: en Ecuador, Bolivia, Perú ya está reconocido; también por sentencias.
¿De qué manera es efectiva la justicia indígena en la resolución de conflictos en comunidades?
La fiscal general del MP, Thelma Aldana, en uno de los diálogos que se sostuvo, reconoció que la presencia del MP a nivel nacional no pasa del 40 por ciento. Entonces, ¿qué pasa con el resto donde no hay presencia del MP?, ¿quién establece la paz y armonía ahí? Esa pregunta hay que responderla por la presencia de autoridades en los pueblos y comunidades indígenas. Hay un papel de las autoridades desde siempre para restablecer el orden social.
El clásico ejemplo de esto es, por ejemplo, la cantidad de expedientes que resuelve la Municipalidad Indígena de Sololá, que suman cerca de 2 mil casos al año. ¿Qué costo tiene eso para el Estado y para las comunidades indígenas? Hay un valor que no ha volteado a ver el Estado.
Versus a eso, en la justicia occidental, ¿cuánto cuesta para cada persona pagar abogado? Viajar a las cabeceras o inclusive a la ciudad tiene su costo, deberíamos de ver esas ventajas y desventajas que hay para la sociedad y el Estado mismo.
¿Qué interés considera que hay detrás de grupos o personas en desinformar?
Hay un grupo de diputados que están al servicio de intereses muy tradicionales porque el sistema jurídico y económico de Guatemala ha sido vulnerado por corporaciones que se han sabido mantener en un poder paralelo al Estado. También hay un poder emergente y económico y de industrias extractivas. ¿Por qué no quieren a las autoridades ancestrales? Porque eso fortalece la resistencia que tienen los pueblos en las comunidades indígenas.
¿De qué manera debería surgir la información para la población?
Hay que hablar con las autoridades, con términos coloquiales. Los medios de comunicación tienen un papel fundamental en esto, hay que dialogar con las autoridades, hay que comprender qué están haciendo, quizá acompañarles. Como abogados no nos metemos a la forma de las autoridades porque tenemos otra lógica de formación, pero promovemos y respetamos ese tipo de justicia. Las academias deberían involucrarse y las universidades deberían fijar líneas e involucrarse.
En síntesis, ¿qué diferencia hay entre la justicia indígena y la justicia occidental?
Los principios. En la justicia estatal más bien se busca castigo y se penaliza; en la justicia indígena el principio es restablecer la armonía y la paz. El sistema de justicia estatal es formalista, tiene muchos pasos que hay que dar; en el derecho indígena en cambio es oral, es en el propio idioma y si hay que hacer una investigación se hace inmediatamente. No hay día de mañana porque se involucra la autoridad.
En la justicia estatal hay jueces específicos, de muchas materias; en la indígena no la hay porque lo que hay es un problema y se resuelve de raíz.
Además, el derecho indígena es gratuito para todos y también hay un seguimiento de la sentencia que tiene que ver con la participación de toda la comunidad.
“De parte de las autoridades ancestrales es una frustración en el contexto de la coyuntura política porque aparentaba que había condiciones para que finalmente se reconociera en la Constitución la jurisdicción indígena”.
“Hay un grupo de diputados que están al servicio de intereses muy tradicionales porque el sistema jurídico y económico de Guatemala ha sido vulnerado por corporaciones que se han sabido mantener en un poder paralelo al Estado”.
JUAN CASTRO
