Hay muchos que consideran que Guatemala ha cambiado y que a partir de abril del 2015, cuando salió a luz el Caso “La Línea”, el poder de la presión popular envió el mensaje claro y determinado a los políticos y a los funcionarios de turno de que la corrupción no se toleraría más y que nos habíamos cansado de las mafias, las malas prácticas y el secuestro institucional del Estado.
Pero no hay nada más lejano de la realidad. Resulta que el Congreso, la Corte Suprema de Justicia y el Ejecutivo nunca habían estado tan orquestados como lo están ahora porque las mismas mafias sintieron la seria amenaza que implica la ruptura del muro de impunidad para imponer el Estado de Derecho.
Esas mafias con sus redes dentro de todos los sectores de la sociedad, se han concentrado y enfocado no solo en cuestionar los avances en el tema del rescate del sistema, sino que ahora se concentran en atacar con bajeza y persistencia tanto a las instituciones CICIG y Ministerio Público, como a sus titulares Iván Velásquez y Thelma Aldana.
Los ciudadanos hemos sido testigos de cómo es la reacción en los medios y plataformas electrónicas para atacar personalmente a los titulares de dichas entidades y a todos los que hemos querido invitar a que no se pierda el impulso de seguir avanzando como Estado.
Existe una campaña determinadamente ejecutada a favor de los poderes que se sienten amenazados y, por ende, de los tres poderes del Estado, para que no se siga cuestionando a Jimmy Morales y las prácticas oscuras de su gobierno; la elección del Congreso a cambio de negocios como el Listado Geográfico de Obras o TCQ; ni la injerencia que la magistrada Stalling tiene por medio de la presidenta que impuso para recuperar el poder perdido en la lucha contra la corrupción.
Lamentamos profundamente que haya quienes, en lugar de informarse a detalle de lo que sucede en el país, crean las campañas de desprestigio que buscan minar la credibilidad de quienes han venido librando la lucha contra la corrupción en general.
Por supuesto que somos y seguiremos siendo creyentes de la auditoría y por ello es que igual con la CICIG que con el Ministerio Público estaremos vigilantes de sus acciones. Sin embargo, estamos también convencidos que la política de la guerra psicológica con la que se quiere dañar la moral, distraer la inteligencia y afectar la integridad de funcionaros decentes, ya no debiera ser tolerada nunca en Guatemala. Cuando parecía que podíamos construir un país, resurgen los destructores.
