Por Joseline Ayala
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La Comisión de Probidad del Congreso de la República presentó hoy un informe en el que, de acuerdo a un estudio realizado, Guatemala perdería el 80% de las ganancias que genera el Puerto Quetzal, si se concede el contrato de concesión por hasta 21 años de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) a APM Terminals.
Además, según el presidente de la comisión, Amílcar Pop, la propuesta presentada por el Ejecutivo para otorgar el contrato es lesivo para el país y de ser aprobado por el pleno, los diputados serían cómplices de violentar la Constitución.
Según los argumentos de Pop, el contrato violenta el artículo 130 de la Constitución de la República pues “genera, beneficia y crea las condiciones de un monopolio privado de manera específica” y, además, los artículos 95 y 96 de la Ley de Contrataciones del Estado prohíben el procedimiento “seleccionado a dedo” en vez de una licitación.
“De ahí la necesidad que el contrato se apruebe y se realice a través del Congreso pues esta sería una excepción de la ley y esto vendría a involucrar a todos los legisladores a ser cómplices en un despojo del estado de sus capacidades” dijo Pop.
CONCLUSIONES
El análisis presenta las condiciones bajo las que se pretende otorgar la concesión, pues de acuerdo al documento base, la Terminal estaría quedándose con un porcentaje superior al que percibiría Guatemala en una relación de cuatro partes para la empresa por una parte para el país.
Además se agrega, después del estudio de la propuesta y de la situación de la portuaria con la ayuda de la Contraloría General de Cuentas (CGC) y el sindicato de trabajadores del lugar, que “el Congreso no debe otorgar el contrato”.
Se pide que el informe sea leído por el despacho calificado previo a conocerse la iniciativa en el pleno para “advertir” y dar a conocer el dictamen negativo que se emitió sobre la propuesta.
EPQ GENERA GANANCIAS SIN TCQ
El legislador calificó de “negocio rentable” el funcionamiento actual de la portuaria y además indicó que “el país no pierde nada sino se suscribe ese contrato, más bien, perdería el 80% del total de las ganancias que ahora genera”.
“Es incongruente entonces que si la portuaria le genera ganancias las razones para concesionarla, lo que tiene que hacer el Estado es invertir y elaborar un plan de inversión que tenga métodos de ganancia efectivos y adecuados para lo que se pretende alcanzar con la concesión”, explicó Pop.
Pop dijo que lo ideal para el país sería concesionar servicios para garantizar el funcionamiento y no todo el manejo de la portuaria, lo que debe hacerse a través de las licitaciones correspondientes.
“La Empresa Portuaria está hoy generándole ganancias al país y está generando ganancias a las municipalidades en torno a la portuaria y está generando impuestos y trabajo al país y todo eso se pondría en riesgo”, agregó.
El Ejecutivo ha impulsado la iniciativa para otorgar la concesión a TCQ por un plazo de 21 años y ha presionado a los diputados del Congreso a aprobar el proyecto. El pasado 18 de noviembre el presidente Jimmy Morales indicó que de no ser aprobado, Guatemala tendría que pagar por la inversión perdida.
