Por Douglas Gámez
dgamez@lahora.com.gt
Después de una supervisión a 21 entidades del Ejecutivo para determinar el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) determinó que siete entidades están “sumamente mal” en cuanto a la disponibilidad de datos sobre salarios, honorarios, bonos viáticos y dietas que reciben los funcionarios.
Las entidades peor calificadas son los ministerios de Finanzas, Educación, Relaciones Exteriores, Trabajo y Previsión Social, así como el Instituto Geográfico Nacional, la Oficina Nacional de Servicio Civil y la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas en Guatemala (Codisra).
“Sigue siendo deficiente la transparencia por parte de las entidades públicas en la información, sobre todo de recursos humanos. Reitero, esto es fundamental para la transparencia y para encontrar anomalías que históricamente se han dado», indicó en conferencia de prensa el procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque.
El magistrado de conciencia se mostró preocupado por las faltas de esas entidades a la normativa y la indisponibilidad en sus sitios web de tal información; indicó que es vital contar con ella para facilitar la fiscalización y prevenir la existencia de plazas fantasma o duplicidad de cargos.
Violeta Mazariegos, secretaria ejecutiva de la Comisión de Acceso a la Información Pública, señaló que la institución que más preocupación causa es el Ministerio de Finanzas Públicas, debido a que se registró un retroceso en cuanto a la tenencia de esa información en comparación con evaluaciones anteriores.
“Uno de los problemas es la publicación de información dispersa y se debe buscar en varios listados y hacerlos coincidir; eso no cumple con lo que establece la ley. Por ejemplo, en el Ministerio de Finanzas hay 14 bonos y se tiene que verificar en esa cantidad de listados”, argumentó Mazariegos.
Otra de las instituciones en la que la Secretaria ejecutiva enfatizó fue el Ministerio de Relaciones Exteriores. “Es imposible saber un solo salario, únicamente los puestos, el sueldo base promedio”, dijo.
El informe que elaboró la PDH será entregado a las instituciones evaluadas y de no corregir las recomendaciones contempladas, el ombudsman presentará las denuncias que sean necesarias ante el Ministerio Público (MP), indicó.
Las entidades que cumplen parcialmente con la Ley de Acceso a la Información Pública son: el Consejo Nacional para la Juventud, la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos, el Ministerio de Agricultura, Economía, Cultura y Deportes, así como la cartera de Comunicaciones y la Defensoría de la Mujer Indígena.
Las mejores calificadas son el Ministerio de Salud Pública, Desarrollo Social, Ambiente y Recursos Naturales, Energía y Minas, Defensa Nacional, Gobernación y el Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco.
