POR CLAUDIA PALACIOS
cpalacios@lahora.com.gt
Las cifras estadísticas sobre celulares robados o hurtados que manejan la Policía Nacional Civil (PNC), el Ministerio Público (MP) y la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) son tan dispersas entre sí, que es difícil determinar si alguna de ellas siquiera se acerca a la realidad.
De enero a finales de agosto de este año, la Base de Datos Negativa (BDN) de la SIT reporta 151 mil 483 teléfonos celulares robados o hurtados a nivel nacional, es decir, un promedio de 18 mil 935 celulares por mes.
Según el artículo 7 de la popularmente llamada “Ley Contra Robo de Celulares”, en un plazo no mayor de 24 horas la SIT debe trasladar la información de la cantidad de celulares reportados por estos delitos o por extravío al MP y al Ministerio de Gobernación (Mingob). Pese al cumplimiento de este artículo, cada institución maneja sus propias cifras, lejanas a las estadísticas de la SIT.
La Fiscalía, por ejemplo, registra 14 mil 639 denuncias desde enero al 1 de agosto de este año. Esto da un promedio mensual de 2 mil 091 denuncias por robo o hurto.
Y el Mingob por su parte, trabaja con las cifras que llegan a la PNC, la cual en los primeros seis meses del año reporta apenas 780 denuncias en todo el territorio nacional; es decir 130 denuncias por mes ¿A qué se deben estas diferencias?
CUESTIÓN DE INFORMACIÓN
Para Ricardo Sagastume, director de Consejo de Telecomunicaciones (Cetel), las estadísticas de la BDN son las que podrían brindar una información más real sobre la magnitud de estos delitos en el país, ya que ahí se encuentra la información que reportan las empresas de telefonía.
De acuerdo con Sagastume, las diferencias con el resto de instituciones se dan porque la población no denuncia ante las autoridades el robo o hurto de un celular.
Las razones pueden ser muchas. “El proceso que hace el MP es lento y por otra parte, impide que -las víctimas- puedan recuperar el uso de teléfono y puedan seguir usando su mismo número. En el caso de la Policía es un proceso que tampoco se ajusta a la realidad, ellos no tienen información exacta de si el teléfono fue robado o fue dado por pérdida. Es una costumbre muy arraigada en el guatemalteco decir preferiblemente que extravió el teléfono a que se lo robaron”, explica Sagastume.
Erick Álvarez, vocero de la SIT, explicó que los datos que administra la SIT provienen de la información diaria que los operadores deben enviar a sus registros. Dentro de esta información las compañías deben incluir las denuncias de robo o hurto de celulares que se hagan ante el MP o PNC, los celulares reportados como extraviados y las solicitudes de bloqueo que el usuario haga ante su respectivo operador.
Nineth Montenegro, diputada del partido Encuentro por Guatemala, fue quien propuso al Congreso la iniciativa de ley para crear un registro de los teléfonos móviles robados, hurtados o extraviados y sancionar penalmente a aquellas personas que roben o comercialicen celulares robados. En agosto de 2013 el decreto 8-2013 o Ley de Equipos Terminales Móviles fue aprobado de urgencia nacional.
Según la congresista, la ley se hizo con el fin de que los teléfonos robados o hurtados no sean utilizados por otras personas con fines ilegales. La idea de mantener un registro es que los celulares robados no se puedan activar.
La ley establece una pena de hasta 15 años para quien robe con violencia un equipo terminal móvil y de hasta 10 años para quien compre o comercialice celulares con reporte de robo.
De acuerdo con las estadísticas proporcionadas por el Organismo Judicial, de enero a julio de 2014, los órganos jurisdiccionales de Instancia Penal conocieron solamente 74 casos por el delito de Robo de Equipo de Terminal Móvil, tres de los cuales fueron en grado de tentativa. De ese total, nueve casos se resolvieron con condena absolutoria y 65 fueron declarados culpables.
LAS DENUNCIAS INFRUCTUOSAS
Una, dos, tres… Tatiana ya no recuerda cuántas veces le han robado un celular. Luego de que tomaran sus datos en el Ministerio Público, la joven acudió con la denuncia a la compañía telefónica para que bloquearan su teléfono, pero no volvió a saber nunca del paradero de su móvil, ni de su denuncia.
“Me indicaron que me llamarían, sin embargo, eso no ha pasado”, escribe otra persona en la página de la Fiscalía, pidiendo dar seguimiento a su caso.
Las dos denunciantes pasaron a ser un número más en las estadísticas del Ministerio Público y su acusación se unió a la de las pocas personas que acudieron a las autoridades para buscar justicia.
Fernando por otro lado, otra víctima de robo, es parte de esa gran porción de población que nunca denunció. “Yo fui víctima de un asalto en el bus 203, a las 12:30 horas, frente al comercial que está seguido del Hospital Hermano Pedro, siete tipos se subieron a asaltar. Luego, a los tres días de eso, llamé a mi celular y me dijeron que lo habían comprado por Q 75 en San Pedro Ayampuc. No di seguimiento al caso en el MP, por irresponsable, porque no era mi celular principal, era mi frijolito”, cuenta.
Muy pocos casos de robos son resueltos y casi ninguna víctima recibe su celular de regreso.
La PNC cuenta con una Fuerza de Tarea contra el Robo de Celulares, que en los primeros cinco meses del presente año detuvo a 26 personas vendiendo teléfonos con reporte de robo y de dudosa procedencia e incautaron 34 aparatos telefónicos con reporte de robo y 288 de dudosa procedencia.
Según el departamento de Prensa del MP, institucionalmente se está desarrollando un sistema que pudiera coadyuvar a la devolución de los celulares que se incautan durante operativos policiales, pero actualmente la fiscalía únicamente conoce de celulares que tienen relación en alguna actividad ilícita, por lo que al terminar el proceso, si el Juez lo ordena, se pueda proceder con la devolución del aparato.
UN PROBLEMA CON MUCHOS ÁNGULOS
Un problema de delincuencia común como el robo o hurto de celulares se agrava cuando estos artefactos son utilizados para cometer otros delitos que pueden vincularse al crimen organizado.
Para evitar el uso criminal, la Ley obliga a las compañías telefónicas a hacer un registro de cada usuario de servicios en la línea del plan postpago o tarifarios, como de líneas prepago u otras formas futuras. Además, después de bloquear los números telefónicos deben enviar la información a la SIT, donde quedará registrado el número IMEI que identifica a los equipo terminales móviles. Este sistema que las autoridades puedan identificar cuando un celular ha sido robado o hurtado verificando si su número de IMEI aparece en la BDN.
En 2012 La Hora realizó una investigación donde se comprobó que algunas compañías telefónicas no bloquearon celulares luego de que fueran reportados como robados. (Ver recuadro).
Para la diputada Montenegro, la SIT ha fallado en su labor y, además, las empresas han incumplido con registrar y con bloquear los teléfonos, por lo que una solución podría ser sancionar a las empresas que no lo hagan. Según explicó Álvarez, el registro de usuarios corresponde a cada operador, y la ley no faculta la SIT para conocer el funcionamiento interno de este.
Por otro lado, Montenegro señaló que no se hizo una campaña de promoción adecuada para promover la denuncia ciudadana, “el Ministerio de Educación se comprometió a hacer una campaña, pero no se hizo” explicó.
En cambio, Sagastume cree que es injusto culpabilizar a las telefonías de un problema que corresponde a las autoridades nacionales.
Para el director de Cetel, la ley da las herramientas necesarias para controlar el uso de celulares robados, pero las autoridades no cumplen con la ley, y la ausencia de denuncias es una muestra de la falta de confianza que el ciudadano tiene en la autoridad, “si las autoridades fueran eficientes y seguras y garantizaran al ciudadano no solamente la recuperación del teléfono, sino el castigo del delincuente, los guatemaltecos pondrían más denuncias y los números aumentarían con relación al reporte de robo de celular”.
Al consultar a Montenegro sobre por qué la ley no se aplica, simplemente contestó, “En Guatemala ya no le podría decir si alguna ley está siendo efectiva”.
“Yo fui víctima de un asalto en el bus 203, a las 12:30 horas, frente al comercial que está seguido del Hospital Hermano Pedro, siete tipos se subieron a asaltar. Luego, a los tres días de eso, llamé a mi celular y me dijeron que lo habían comprado por Q 75 en San Pedro Ayampuc. No di seguimiento al caso en el MP, por irresponsable, porque no era mi celular principal, era mi frijolito”.
Víctima de roboSegún Ricardo Sagastume, del Consejo de Telecomunicaciones, “el proceso que hace el MP es lento y por otra parte, impide que -las víctimas- puedan recuperar el uso de teléfono y puedan seguir usando su mismo número. En el caso de la Policía es un proceso que tampoco se ajusta a la realidad, ellos no tienen información exacta de si el teléfono fue robado o fue dado por pérdida”.
Para la diputada Montenegro, la SIT ha fallado en su labor y, además, las empresas han incumplido con registrar y con bloquear los teléfonos, por lo que una solución podría ser sancionar a las empresas que no lo hagan. Según explicó Álvarez, el registro de usuarios corresponde a cada operador, y la ley no faculta la SIT para conocer el funcionamiento.
CELULARES ROBADOS Y HURTADOS*
SIT – 8 meses
Denuncias 151, 483
Promedio / mes 18,935
MP– 7 meses
Denuncias 14,639
Promedio / mes 2,091
PNC – 6 meses
Denuncias 780
Promedio / mes 130
*Promedio de denuncias
