Jorge Santos
El 20 de octubre de 2011 varias personas convocadas por la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua), daban inicio a una articulación de familiares y amigos de militares implicados en graves violaciones de derechos humanos y delitos cometidos contra la población guatemalteca. Esta reunión, suscitada en instalaciones militares se iba a convertir en el punto de arranque de una serie de asociaciones y fundaciones que iban a tener como único propósito, la defensa de la impunidad.
En aquel primer momento, al menos en apariencia, estos grupos decían defender únicamente a aquellos exmilitares que resultaron acusados en diversos casos de ejecuciones extrajudiciales, tortura, desaparición forzada y genocidio; sin embargo al paso del tiempo, estos grupos se irían decantando por la defensa de corruptos, impunes que pertenecen a cualquiera de las estructuras paralelas que durante décadas han tenido secuestrado al Estado guatemalteco.
Recordemos que tan solo el año pasado estos grupos, en particular la autodenominada Fundación contra el Terrorismo, buscaba denodadamente que el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) no fuese renovado y luego de la captura de los miembros de la estructura criminal conocida como La Línea, pretendió formar parte de la indignación ciudadana, afortunadamente sin lograrlo. Es que resulta importante señalar que esa defensa de la impunidad proviene sin lugar a dudas, al pasado de violencia, corrupción e impunidad de los cuales han formado parte, muchos de los miembros de esta fundación.
Por eso es que no extraña en absoluto, que una fundación de esa categoría, utilice el Sistema de Justicia como si fuera un juego y llene de querellas espurias e incompetentes en los distintos niveles del Sistema y le haga perder importantes recursos y tiempo a jueces y juezas. Su propósito por lo tanto, es frenar, limitar o tan siquiera obstaculizar el avance de la justicia e imponer sobre el país la lógica de impunidad y corrupción existente.
Esta situación ha sido demostrada en reiteradas ocasiones y recientemente vuelven a la carga, con el propósito de frenar el avance de los casos contra las estructuras criminales que han sido capturadas desde el 2015. Ahora a partir de un hecho suscitado en un allanamiento, en donde aparentemente se suicida el ex Ministro de Finanzas Públicas del gobierno de Otto Pérez Molina. Con una querella, esta fundación pretendió lo que no pudieron antes de abril del 2015, es decir frenar y detener los avances que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público ha logrado. Por lo tanto, este ataque mal logrado, contra el Comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, y el Fiscal de Sección de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, es una afrenta a las esperanzas del pueblo guatemalteco de construir una sociedad libre de impunidad y corrupción.
Es necesario que la sociedad empiece a identificar y tener claridad que estos actores, como la Fundación contra el Terrorismo no son más que los representantes de los grupos de impunidad, corrupción y el status quo.
