POR JOSÉ DEL ÁGUILA
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Organizaciones de la sociedad civil manifestaron su apoyo a la aprobación de las reformas constitucionales al sector justicia, las cuales serán discutidas en tercera lectura el próximo lunes en el Congreso de la República. Además, pidieron responsabilidad a los diputados para no desnaturalizar la propuesta.
El colectivo Justicia Ya, por medio de un comunicado lanzado en sus redes sociales, hace énfasis en la necesidad de reformar el marco legal actual para poder depurar la administración pública de personajes y eventos de corrupción.
El colectivo también afirma que “el mal que atraviesa el sistema político” no se limita a los casos de corrupción que se ventilan actualmente en los juzgados y tribunales, sino que abarca a los bancos, oenegés, medios de comunicación, sindicatos, farmacéuticas, universidades, municipalidades y constructoras, entre otros.
La organización también hace mención de las dudas que han surgido por parte de algunos sectores respecto al proyecto de reformas. “Lo que nos divide no es la falacia de que con estas reformas no seremos iguales ante la ley. Lo que sí nos segrega es la evidente desigualdad en la que vivimos. La comodidad de pocos y la miseria de muchos, esta es la gran injusticia a vencer”.
La Universidad Rafael Landívar, por su parte, dio un visto bueno con respecto a la creación de un sistema de Carrera Judicial “que permita mantener un cuerpo de jueces y magistrados profesionales, idóneos, honorables e independientes”, así como la separación de las funciones administrativas y jurisdiccionales de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a través del Consejo Nacional de Justicia (CNJ).
Aún son necesarias algunas enmiendas
El movimiento Pro Justicia también manifestó su apoyo al paquete de reformas ya que considera que con se aprobación se “crearán mejores condiciones para promover el acceso a la justicia y mejor administración; sin embargo, asegura que aún hay algunos artículos que deben ser afinados y enmendados para “evitar eventuales interpretaciones que propicien arbitrariedad y discrecionalidad”.
Carmen Aída Ibarra, representante del movimiento, refiere que es necesario modificar lo regulado en materia de antejuicio, ya que se faculta a la Ley Electoral para determinar quiénes tendrán esta garantía.
“Por un lado dice que la Ley Electoral va a regular quiénes tendrán esta garantía –de antejuicio- y luego dice que, en lo referente a los candidatos de elección popular, van a gozar de este derecho al momento en que queden inscritos”, y agrega que esto debe ser competencia de la Ley de Antejuicio.
Ibarra también cuestiona el CNJ y lo referente a la integración de la Corte de Constitucionalidad. “El espíritu de la discusión era que iban a quedar eliminadas las suplencias, pero ahora resulta que dejan tres –magistrados- suplentes, entonces vamos a tener nueve titulares y tres suplentes”, puntualiza.
La Fundación Myrna Mack, por su parte, expresó que en la redacción actual de los artículos concernientes al CNJ se le atribuye una excesiva concentración de poder al Consejo, por lo que es necesario dotar de independencia al Organismo Judicial e integrar el Consejo con un equipo transparente.
