Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Mientras la Supervisora de Hospitales de la Procuraduría de los Derechos Humanos, doctora Zulma Calderón, sostiene que continúa la crisis hospitalaria a pesar del cambio de autoridades de ese ramo, el viceministro Adrián Chávez dijo que ese planteamiento le parece resultado de la utilización de parámetros inadecuados para medir las condiciones imperantes, descalificando así el trabajo del magistrado de conciencia que ha sido crítico porque, pese a los esfuerzos, la realidad es que no se puede mejorar la atención a los enfermos por las deficiencias estructurales que hay en todo el sistema hospitalario.
Discutir sobre los parámetros para emitir informes es como sentarse a debatir si quienes persiguen a la liebre son galgos o podencos. La realidad irrefutable es que el paciente no encuentra respuestas adecuadas para la atención que solicita en los hospitales y centros de salud del Estado, porque las autoridades no le entraron, ni por asomo, al meollo del problema que se encuentra en dos vertientes muy claras. Por un lado la corrupción imperante que es sistémica y que no desaparece porque la ministra sea una persona honrada y, por el otro, la existencia de un leonino pacto colectivo que no responde ni a las posibilidades reales del Estado ni a la calidad de trabajo que desempeñan todos los salubristas.
Ya sabemos que los pactos colectivos fueron prostituidos por funcionarios venales que firmaron cualquier cosa con los dirigentes sindicales para que estos movilizaran a sus bases como puntales de apoyo político de los gobiernos de turno. Un pacto colectivo de condiciones de trabajo implica, desde luego, mejoras en las condiciones y prestaciones para el trabajador, pero también tiene que traducirse en un mejor rendimiento, en este caso concreto, en beneficio de la población que con sus impuestos paga el salario y los beneficios de los servidores públicos.
Guatemala tiene un sistema de salud trastocado, porque se concentra excesivamente en la curación de los enfermos sin hacer absolutamente nada para prevenir las enfermedades que se vuelven recurrentes entre la población. Los países que invierten en prevención ofrecen no solo mejores resultados en términos generales, sino que además tienen que gastar mucho menos en la atención hospitalaria y eso es algo que no se puede lograr en Guatemala.
La supervisora de hospitales tiene toda la razón, porque es el sentido de su trabajo, al basarse en la medición sobre el nivel de satisfacción que pueda haber entre los enfermos que acuden a la red hospitalaria. Los parámetros que pide el viceministro Adrián Chávez, finalmente, son simplemente cifras que nada tienen que ver con lo que ocurre con los pacientes y él mismo terminó aceptando que pudo comprobar en carne propia, exactamente, lo que sostiene la doctora Calderón.
La postura del G4, señalando la falta de avances en Salud y Educación, es coherente con la realidad y los funcionarios deberían de ver esos planteamientos críticos como acicate para que actúen mejor y no como una simple fregadera para fastidiarlos. El argumento del Viceministro, repito, más parece el de la liebre, porque poco importa finalmente si eran galgos o podencos. Lo cierto es que el servicio sigue siendo calamitoso.
