POR REDACCIÓN LA HORA
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Mientras algunas bancadas del Congreso y algunos sectores de la sociedad civil apuestan por aprobar las reformas constitucionales al sector justicia antes de que termine el año, otros argumentan que deben debatirse más a profundidad; sin embargo, estos últimos obvian que la elaboración de la propuesta tomó ocho meses de discusiones abiertas con distintos sectores de la sociedad. ¿Conoce usted cuál fue el proceso que dio luz a las reformas y quiénes participaron en él?
En febrero pasado, los Presidentes de los Organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, acompañados por una secretaría técnica integrada por los titulares del Ministerio Público, la Procuraduría de Derechos Humanos, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Guatemala, convocaron a un Diálogo Nacional para la Reforma Constitucional al Sistema de Justicia.
El fin del evento era dialogar y desarrollar reformas que apoyaran y contribuyeran a la lucha contra la impunidad y la corrupción garantizando así la independencia judicial y el fortalecimiento de la institucionalidad.
¿CÓMO SE DISCUTIÓ?
El 25 de abril los convocantes presentaron un documento base para la discusión sobre la reforma constitucional en materia de justicia.
Dicho documento era la base para el desarrollo del diálogo en los eventos regionales a realizarse en mayo e inicios de junio.
Estos debates se celebraron en Quetzaltenango, Huehuetenango, Cobán, Zacapa, Petén, Jutiapa y la Antigua Guatemala.
Entre junio y agosto se desarrollaron mesas de trabajo en la ciudad de Guatemala sobre los ejes temáticos de la reforma constitucional, en las que participaron activamente personas u organizaciones que presentaron sus propuestas escritas sobre dicha reforma. También participaron en calidad de observadores otras personas que no tenían una propuesta concreta.
Tanto en las mesas regionales como en las de la ciudad capital la convocatoria se hizo de forma abierta, es decir que podían participar todos los ciudadanos u organizaciones que tuvieran interés en formar parte de la elaboración de la propuesta.
En total, se evaluaron y discutieron 245 propuestas de reforma constitucional, las cuales versaron sobre uno o varios artículos referidos exclusivamente al tema de justicia.
Los resultados de cada una de estas mesas de discusión pueden ser consultados en línea en la página reformajusticiagt.org, así como el listado de asistentes a cada una.
Los temas a discutir en las mesas fueron: independencia para jueces y magistrados, reconocimiento del pluralismo jurídico, fortalecimiento a la carrera profesional en el Ministerio Público, acceso a la justicia e inmunidad a los funcionarios públicos.
Considerando todos los insumos recabados en el interior de la República y en la ciudad capital, la Secretaría Técnica del Diálogo Nacional propuso un documento final que fue presentado por los Presidentes de los Organismos de Estado al Congreso de la República para el trámite correspondiente.
REUNIONES EN EL CONGRESO
Además, los miembros de la secretaría técnica se reunieron con diputados del Congreso para iniciar el intercambio respecto del diálogo nacional y trasladar información sobre el desarrollo del proceso, así como generar alianzas para las fases posteriores.
Sin embargo, los diputados de algunas bancadas, entre ellas la oficialista FCN-Nación, insisten en prolongar el diálogo, cuestionando la legitimidad del proceso de elaboración de las mismas, lo que a criterio de analistas es una forma de retardar la aprobación de las reformas, ya que no existe voluntad de fortalecer la justicia.
“Debate hubo, lo que pasa es que los diputados, lo que no quieren aprobar es que se pueda investigar a los diputados en el tema del antejuicio, y por otro lado el compromiso que tienen algunos diputados con el sector privado para que no pase el tema del reconocimiento al derecho indígena”, dijo Helen Mack, de la Fundación Myrna Mack.
Para Mack, hay una intención por parte de los diputados para engavetar las reformas. “Si hablamos de legitimidad y representatividad, quienes no tienen esas características son los diputados por las acciones que ellos han tenido de corrupción e impunidad”.
En tanto, Oswaldo Samayoa, del Centro de Estudios de Guatemala, insistió en que el proyecto presentado por la secretaría técnica no fue improvisado: “Hay que recordar que hubo un proceso de discusión y de diálogo de 12 departamentos, donde participaron más de 3 mil personas profesionales y no profesionales, sobre qué debería tener y qué no la reforma”.
¿POR QUÉ LA CICIG FORMA PARTE DE LA SECRETARÍA TÉCNICA?
Otra de las inconformidades de los diputados es la participación de la CICIG en la secretaría técnica que definió la propuesta. El diputado Fernando Linares Beltranena razonó su voto en el dictamen emitido por la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales argumentando que la entidad internacional no debió formar parte de los diálogos debido a que dicha acción está fuera de su mandato.
Sin embargo, la CICIG explica que en su acuerdo de creación se establece que es parte de sus objetivos; “Recomendar al Estado la adopción de políticas públicas para erradicar los aparatos clandestinos y cuerpos ilegales del seguridad y prevenir su reaparición, incluyendo las reformas jurídicas e institucionales para lograr este fin”. En este sentido, dentro de su componente de reforma institucional está la función de recomendar propuestas de reformas legales.
¿QUÉ OPINARON LOS PARTICIPANTES DE LAS MESAS DE DISCUSIÓN?
“Ver a los pueblos indígenas planteando sus propuestas frente a las cámaras empresariales es otro hito histórico que nunca se había dado en Guatemala”, dijo Sandino Asturias sobre las mesas de diálogo para la reforma constitucional.
Claudia Chapén opinó: “Es incluyente. Es sentarnos a dialogar con otros actores de esta sociedad y poder discutir muchos aspectos que tal vez nunca se habían podido dar este espacio de conversar”.
“Los distintos actores que participaron en este, lo hicieron con independencia y libertad. Hay una visión por parte de los participantes de una mejor Guatemala”, aseguró Jorge Jiménez.
Philip Chicola agregó: “Generó el ambiente para podernos sentar a la mesa con diferentes sectores, con diferentes visiones, con diferentes propuestas, y tratar de encontrar una agenda en común para fortalecer el sistema de justicia en el país. Es un proceso de construcción de confianza”.
Marta López concluyó: “Es la primera vez que en una mesa de diálogo nos sentamos directamente a dialogar con sectores políticos, económicos, tradicionales”.
ASPECTOS QUE CONTEMPLA LA PROPUESTA
Antejuicio
La propuesta permite que se investigue a los funcionarios y dignatarios públicos en el ejercicio de su cargo, dejando el derecho de antejuicio únicamente como un impedimento para no ser detenidos ni sometidos a procedimiento penal.
Jurisdicción indígena
Se establece que las autoridades indígenas ancestrales podrán ejercer funciones jurisdiccionales de conformidad y costumbres, siempre que no sean contrarios a los derechos consagrados dentro de la Constitución y a los derechos humanos.
Carrera Judicial
Se instituye la Carrera Judicial y se establece como obligación que las tres cuartas partes de los cargos de ingreso sean ocupadas por jueces y magistrados provenientes del sistema de Carrera Judicial; una cuarta parte será ocupada por abogados en ejercicio de la profesión.
Consejo Nacional de Justicia
Se crea el Consejo Nacional de Justicia (CNJ), cuya competencia es la formulación, gestión y ejecución de las políticas de modernización y fortalecimiento judicial, administrativas y financieras del OJ.
Corte Suprema de Justicia
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) se integra con trece magistrados. Nueve cargos serán ocupados por magistrados provenientes del sistema de carrera judicial y cuatro cargos serán ocupados por abogados en ejercicio.
Se amplía el período de magistratura a nueve años y se permite la reelección solo una vez.
Tribunales militares
Sólo conocerán delitos y faltas que por su naturaleza atentan contra bienes jurídicos propios del orden militar, cometidos por integrantes del Ejército de Guatemala en servicio activo.
Fiscal General
Se amplía el período de funciones a seis años. Su elección continúa siendo decisión del Presidente de la República, pero se eliminan las Comisiones de Postulación.
Dos candidatos serán propuestos por el Congreso y dos propuestos por la CSJ.
Corte de Constitucionalidad
Aumenta el número de magistrados a nueve titulares y tres suplentes, quienes durarán en el cargo nueve años y se renovarán por tercios cada tres años.
Su elección se hará de la siguiente manera:
Un magistrado titular electo por no menos de ocho integrantes del CNJ.
Un magistrado titular designado por el Presidente en Consejo de Ministros.
Un magistrado titular electo por dos tercios del pleno del Congreso.
Los tres suplentes serán electos de la misma manera que los titulares.
La Presidencia será desempeñada por un período de tres años, sin reelección. La persona que presida será escogida mediante sorteo que se efectúe entre los miembros que deseen optar a dicho cargo.
Aldana: No sé si debamos seguir discutiendo más
Ante la recomendación de la Alianza Técnica de Apoyo Legislativo sobre que las Reformas Constitucionales deben seguir discutiéndose, la Fiscal General, Thelma Aldana, indicó que la mayoría de cambios se han debatido desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1996 y puso en duda la necesidad de continuar con ese análisis.
“Solo me voy a referir a un ejemplo, la reforma contempla la separación de la función administrativa y jurisdiccional de la Corte Suprema de Justicia, esta recomendación la recogen los Acuerdos de Paz, llevamos 20 años de estarlo discutiendo, no sé si necesitamos otros 20 años para seguir discutiéndolo”, explicó.
