Washington
DPA
«Los valores, leyes y políticas de Washington DC no cambiaron con la elección presidencial», asegura Muriel Bowser. La alcaldesa de la capital de Estados Unidos, de 44 años y miembro del Partido Demócrata, es una de las autoridades que se niega a perseguir a los inmigrantes indocumentados.
No es la única. Su postura es la del alcalde de Nueva York, Bill de Blasio; el de Chicago, Rahm Emanuel, y el de Seattle, Ed Murray. También la del regidor de Los Ángeles, Eric Garcetti, entre otros. Estos políticos están al frente de «ciudades santuario», aquellas en las que los inmigrantes sin papeles saben que no serán perseguidos por las autoridades locales para ser expulsados.
Tras la elección de Donald Trump como futuro presidente de Estados Unidos, los alcaldes pretenden rebelarse si intenta obligarlos a identificar a los indocumentados. El republicano prometió en campaña acabar con las «ciudades santuario» y amenaza con cortarles los fondos federales si no cooperan con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
«Somos una ciudad santuario porque reconocemos que nuestros vecindarios son más seguros y prósperos cuando no existe el temor de pedir ayuda al gobierno y cuando la policía tiene como prioridad proteger y servir», explica la alcaldesa Bowser en una comunicación oficial publicada esta semana por el ayuntamiento de Washington DC.
El término «ciudad santuario» no ha surgido con la victoria de Trump y su amenaza de deportar a millones de inmigrantes sin papeles a partir del 20 de enero, cuando asuma la presidencia de Estados Unidos. Existe desde hace tiempo para designar a urbes que se niegan a compartir con las autoridades federales la información con la que cuentan de inmigrantes indocumentados, que son principalmente de origen hispano y, mayoritariamente, mexicanos.
No es que los inmigrantes sin papeles no puedan ser detenidos allí para ser deportados. De hecho, lo son, pero sin la colaboración para ello de las autoridades locales, lo que complica hallarlos a las federales. Algunas ciudades, como San Francisco, tienen leyes que prohíben a los empleados municipales toda cooperación con las autoridades migratorias federales a efectos de deportación. En Chicago, la policía tiene vetado preguntar el estado migratorio.
Trump prometió deportar a los más de 11 millones de inmigrantes sin papeles que hay en Estados Unidos. La semana pasada, en su primera entrevista televisiva como presidente electo, aseguró que al llegar a la Casa Blanca expulsará a los que tienen antecedentes criminales.
Los cifró en entre dos y tres millones, pero las organizaciones civiles aseguran que la cifra es muy inferior y creen que intenta disfrazar de criminales a personas con infracciones de tráfico u otras faltas legales de menor calado.
«Es el papel de los gobiernos locales y estatales decidir si forman parte de una maquinaria para deportar a nuestra comunidad o no, y estamos contentos de ver que varios alcaldes lideran la resistencia a estos programas para proteger a nuestra comunidad», dice a dpa Pili Tobar, directora de Abogacía y Comunicaciones de Latino Victory Project, que defiende valores latinos en la política estadounidense.
El Centro de Estudios sobre Inmigración (CIS, por sus siglas en ingles), que persigue que la inmigración se reduzca en Estados Unidos, sitúa en el mapa del país más de 300 lugares (estados, condados y ciudades) con políticas que califica de «no cooperadoras y obstructivas con la aplicación de las leyes inmigratorias». Asegura además que el Departamento de Justicia ha comprobado que «algunas de las jurisdicciones santuario parecen violar la ley federal».
«Siempre seremos San Francisco», proclamó su alcalde, Ed Lee. «Sé que hay mucha gente enfadada y frustrada y con miedo pero nuestra ciudad nunca ha sido así. Hemos sido y vamos a seguir siendo una ciudad de refugio, una ciudad santuario, una ciudad de amor».
También ha habido pronunciamientos de agentes de la ley. «No vamos a participar en actividades de represión basadas solo en la situación inmigratoria de alguien. No vamos a trabajar con el Departamento de Seguridad Interior con efectos de deportación. No es nuestro trabajo ni voy a hacer de ello nuestro trabajo», manifestó el jefe de policía de Los Ángeles, Charlie Beck, a «Los Angeles Times».
Universidades del país están recibiendo peticiones para que sigan el ejemplo de las «ciudades santuario» y se declaren seguras para indocumentados, informó el rotativo de Washington «The Hill».
En ellas estudian muchos «dreamers» (soñadores), los jóvenes sin papeles que llevan toda su vida en Estados Unidos y a los que Barack Obama intentó proteger de la deportación con una orden ejecutiva que los republicanos tienen paralizada en los tribunales. Sus datos personales están en manos de las autoridades universitarias y su miedo es que pasen al Gobierno de Trump y sean deportados.
